Histórico fallo de la Justicia cordobesa por “maltrato animal y actos de crueldad”
Condenaron a exintendente por la matanza de más de 200 perros
Se trata de Germán Facchín, quien en abril de 2013, mientras se encontraba a cargo de la Municipalidad de Deán Funes, ordenó repartir comida envenenada en el mismo momento en que se transmitía la pelea entre Sergio “Maravilla” Martínez y Martin Murray
La Cámara Octava del Crimen de la ciudad de Córdoba, en fallo unánime, le impuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo al exintendente y exsecretario de Gobierno de Deán Funes, Germán Darío Facchín (39), luego de declararlo instigador de la matanza de al menos 211 perros por envenenamiento durante la madrugada del 28 de abril de 2013, en un procedimiento ejecutado por empleados municipales, también condenados con sanciones de ejecución condicional.
Facchín ordenó la matanza de los animales mientras se transmitía la pelea de boxeo entre el argentino Sergio “Maravilla” Martínez y el británico Martin Murray. Aprovechando que la mayoría de los vecinos de Deán Funes estaba viendo el combate, ordenó repartir albóndigas de carne mezcladas con un potente veneno que terminó por dar muerte a los canes, además de pájaros, gatos y otros animales.
Los camaristas Eugenio Pérez Moreno -presidente del tribunal-, Juan Manuel Ugarte y Marcelo Jaime consideraron a Facchín “instigador penalmente responsable de los delitos de daño calificado y reiterado, e infractor a la Ley 14.346 (Ley Sarmiento) por malos tratos y actos de crueldad a los animales, también reiterado”.
En el mismo veredicto, pero con menor grado de responsabilidad, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso los inspectores municipales Diego Oscar Allendes, Juan Santos Márquez, Darío Mercedes Palomeque, Pablo Daniel Palomeque y Roque Enrique Quinteros Nievas, todos como coautores de los mismos delitos que se le adjudicaron a Facchín, mientras que Francisco del Valle Palomeque fue absuelto de culpa y cargo.
Segundo juicio
El juicio oral, que concluyó el pasado miércoles en la capital provincial, fue el segundo que se le realizó a Facchín, luego de una absolución por el “beneficio de la duda” dictada en 2015 por la Cámara Decimosegunda del Crimen de Córdoba.
La casación terminó con la anulación de esa sentencia del Tribunal Superior de la Justicia (TSJ), que entendió que no se había considerado prueba en contra del acusado. Por tal razón, el TSJ ordenó la realización del nuevo juicio en el que se incluyeron los otros seis acusados.
Aquella madrugada de abril de 2013, las calles de Deán Funes estaban prácticamente desiertas porque, por televisión, se transmitía a todo el país la pelea entre “Maravilla” y Murray.
El combate, primera defensa del pugilista quilmeño luego de arrebatarle el título mundial al mexicano Julio César Chávez, se desarrolló en el Estadio “José Amalfitani” de Vélez Sarsfield y tuvo picos de hasta 46 puntos de rating.
La acusación aseguró que en móviles de la Municipalidad se repartieron albóndigas de carne mezcladas con un potente veneno que terminó por matar a por lo menos 211 perros, además de pájaros, gatos y otros animales. Incluso algunas personas terminaron con síntomas de intoxicación y una nena de 7 años debió ser trasladada a la ciudad de Córdoba para ser atendida con un cuadro grave.
Durante el juicio trascendió además que algunos de los acusados colocaron el veneno sin usar barbijo y sufrieron consecuencias menores.
“¡Se hizo justicia!”
Al conocer la sentencia, la presidenta de la Asociación Civil Protectora de Animales de Deán Funes, Lilián Luna, se abrazó con sus compañeras de actividad y todas lloraron de emoción.
“¡Se hizo justicia! Esperamos nueve años para que esos pobres animales descansen en paz. Esperemos que esto sirva de precedente para que no se vuelvan a cometer estas matanzas, que pobres animales que comieron por hambre y murieron”, señaló luego a los periodistas presentes en la sala.
Por su parte, Patricia Encinas agregó que el fallo “sienta un precedente” y les “hace creer en la Justicia”, porque tuvieron “que lidiar contra el Estado (municipal) y la corrupción por la matanza de perros”.
El abogado querellante Pedro Despouy Santoro coincidió que el fallo “sienta un precedente a nivel país, porque se vienen escuchando casos similares en distintos puntos de la Argentina”, y añadió que este tipo de actos “aparecen como un recurso criminal para intentar solucionar la problemática de superpoblación canina sin acudir a formas éticas como las castraciones a cargo de organismos públicos competentes”.
