La relación de dos funcionarios de Villa María en un caso testigo

El grave episodio en el que perdió la vida el menor Valentino Blas Correas, al recibir un disparo de arma de fuego en la espalda, devino en el concurso de dos funcionarios provinciales vinculados a Villa María: uno, por ser el fiscal que investigó y elevó la causa a juicio; otro, por la presunta comisión “abuso de autoridad” que se le endilga a una funcionaria de nuestra ciudad, Ana María Becerra, a razón de que uno de los principales policías imputados retornó a la actividad pese a estar procesado.

En lo que concierne al fiscal José Alberto Mana, hay que decir que es oriundo de Cintra y residió en Villa María, donde estudió y trabajó en Tribunales, y fue quien hace pocos días elevó a juicio el expediente que involucra a 13 policías en el crimen del adolescente Correas, de 17 años, ocurrido en la ciudad de Córdoba durante la madrugada del 6 de agosto del año pasado.

Actualmente Mana, que se desempeña como fiscal de Instrucción, dio por concluida la investigación y elevó el expediente al Juzgado de Control para que resuelva sobre el proceso de enjuiciamiento.

Mientras tanto, Becerra es directora de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la provincia de Córdoba, y la imputación de “abuso de autoridad” fue realizada el mes pasado por el fiscal de Instrucción Anticorrupción, Matías Bornancini, quien la acusa de levantar la situación pasiva al cabo primero Lucas Damián Gómez.

Policías imputados

Trece policías serán sometidos a juicio oral como acusados del crimen de Correas, el adolescente que iba junto a unos amigos en un auto y murió baleado por la espalda durante un operativo de control en la ciudad.

De acuerdo a la instrucción de la causa, los efectivos están acusados de distintos delitos como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, abuso de autoridad calificada, encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público”.

Los principales imputados son los suboficiales Javier Catriel Alarcón y Lucas Damián Gómez, quienes serán juzgados como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía”, ya que la Fiscalía cree que efectuaron los disparos que mataron Correas e hirieron a uno de sus amigos.

Mientras que los restantes acusados son Juan Antonio Gatica, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Ezequiel Vélez, Leandro Quevedo, Sergio González, Jorge Galleguillo, Wanda Esquivel, Walter Soria, Yamila Martínez y Enzo Quiroga.

En tanto, el exsubdirector de Seguridad de la ciudad de Córdoba, comisario Gonzalo Cumplido, fue sobreseído la semana pasada de la acusación por “violación de los deberes de funcionario público”.

A su vez, hay tres empleados del Sanatorio Aconcagua imputados de “abandono de persona”, ya que se sospecha que se negaron a atender a Correas cuando sus amigos lo llevaron gravemente herido, aunque estos acusados serán sometidos a otro juicio porque no están vinculados al crimen en sí.

Conforme con Mana

Por su parte, Alejandro Pérez Moreno, abogado de los padres de Correas, se manifestó “muy conforme” con la elevación a juicio y sostuvo que fue una “investigación seria y muy prolija” la que realizó el fiscal Mana.

El letrado dijo que “la responsabilidad sobre el hecho principal (el crimen) está esclarecida, con las calificaciones legales y el encuadramiento jurídico que corresponde”.

También se manifestó de “acuerdo” con la decisión del fiscal Mana en desdoblar el expediente sobre los acusados del Sanatorio Aconcagua, al considerar que “no tiene concatenación con el crimen”, sino que se trata de establecer responsabilidades sobre la “conducta inhumana” que tuvieron en el centro asistencial.

Asimismo, señaló que es “poco probable” que haya tiempo material para la realización del juicio este año debido al retraso que tiene el Poder Judicial por el contexto de pandemia de coronavirus.

El crimen

El homicidio de Correas ocurrió en la madrugada del 6 de agosto de 2020 cuando, el adolescente viajaba en un auto con cuatro amigos y compañeros de colegio luego de reunirse en un bar.

Según la investigación, los chicos evadieron un control policial en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Ante esta situación, los policías del operativo dispararon varios tiros, de los cuales cuatro impactaron en el auto, uno de ellos ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Correas, quien iba en la parte de atrás del vehículo y murió a causa de la herida.

En tanto, otro proyectil disparado por los efectivos causó heridas a otro de los ocupantes del rodado.

Siempre según la acusación, luego de los balazos, al menos uno de los policías “plantó” un arma con el objetivo de justificar los disparos mediante un “falso” enfrentamiento.

La investigación preliminar sostiene que los efectivos Alarcón y Gómez fueron los que dispararon contra el auto, y que sería desde el arma del primero que partió la bala que mató al adolescente.