Ana Becerra, acusada por “abuso de autoridad”, compareció ante el fiscal

La funcionaria villamariense Ana María Becerra, quien está a cargo del Tribunal de Conducta Policial de la provincia de Córdoba, explicó al comparecer ante el fiscal que la acusó como autora de “abuso de autoridad”, que decidió el retorno a la actividad del cabo Lucas Gómez, uno de los efectivos sindicados como autores del disparo que terminó con la vida del adolescente Valentino Blas Correas, “porque no hubo pruebas sobre un posible entorpecimiento de la investigación administrativa; que se tuvo en cuenta el paso del tiempo y el carácter alimentario del sueldo del policía, entre otras razones”, apuntó el abogado que la defiende, Darío Vezzaro, de acuerdo a lo publicado por Perfil Córdoba.

Becerra se presentó la semana pasada ante el fiscal Anticorrupción Nº 1, Matías Bornancini, quien le requirió que le explicara cuáles fueron los motivos por los que se permitió que el efectivo volviera a la actividad pese a estar imputado por la muerte del menor de 16 años.

La abogada de Villa María fue imputada hace pocas semanas por abuso de autoridad “al detectarse aspectos poco claros o presuntamente irregulares durante los trámites administrativos y disciplinarios en relación al cabo Gómez”, difundió el medio antes mencionado.

Perfil Córdoba, así también, añadió que Gómez “estaba en la calle, en tareas operativas”, pese a que “tenía antecedentes por otro hecho en el que había sido imputado por encubrir al violador serial Leandro Castañares, hecho por el que será juzgado el mes próximo junto a otros tres efectivos.

Bornancini, al involucrar a la abogada villamariense describió que la imputó por abuso de autoridad al considerar que le cabe la “responsabilidad penal por permitir que Gómez volviera a la calle y la omisión de intervenir cuando la causa contra Gómez fue elevada a juicio”.

Las explicaciones

La principal pregunta, entonces, es por qué Becerra autorizó que el policía Gómez, pese a los ilícitos investigados, retornó a la actividad operativa.

Al respecto, el defensor de la funcionaria de Villa María precisó, en primer lugar, que Becerra respondió todas las preguntas que le formuló el fiscal Bornancini, a la vez que “explicó la actuación del Tribunal de Conducta Policial en ese caso”.

Sobre la principal pregunta, antes apuntada, Vezzaro indicó que su defendida respondió que “se decidió que (el cabo Gómez) retornara a la actividad porque no hubo pruebas sobre un posible entorpecimiento de la investigación administrativa; que, además, se tuvo en cuenta el paso del tiempo y el carácter alimentario del sueldo del policía, entre otras razones”.

Por otro lado, en cuanto a por qué “no se lo sacó de la calle y se le asignaron otro tipo de tareas cuando la causa se elevó a juicio”, Becerra -según explicó su defensa- señaló que “no corresponde según las normas de procedimiento”, a la vez que aseguró que recién “en caso de condena, se aplica directamente la cesantía”.

En definitiva, todo gira en establecer si el accionar de Becerra “fue demasiado laxo a la hora de aplicar medidas en el caso de Gómez”, un policía que continúa imputado y, sin embargo, al momento del homicidio de Blas Correas estaba en funciones de calle, lo que llevó al fiscal trabajar sobre la hipótesis de que existen “fronteras amplias que dan espacio a una gran discrecionalidad” para aplicar una medida preventiva o cautelar el apartamiento de un efectivo de la calle.