Imputaron por “abuso de autoridad” a una funcionaria villamariense

La funcionaria villamariense que dirige la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la Provincia de Córdoba, Ana María Becerra, fue imputada por “abuso de autoridad”, en relación a la causa que se investiga por el crimen de Valentino Blas Correas, ocurrido en agosto del año pasado.

Oficialmente se informó que “el fiscal de Instrucción en lo Penal Económico de Primera Nominación, Matías Bornancini, resolvió imputar y recibir declaración de Ana María Becerra en los términos del artículo 306 del Código Penal por la supuesta autoría del delito de ‘abuso de autoridad’ en la causa que se sigue por la tramitación de un sumario administrativo del año 2017 en contra del cabo primero Lucas Damián Gómez”, de 35 años, quien tiene antecedentes penales y, sobre todo, con su arma reglamentaria fue asesinado el joven de 17 años en una persecución policial.

Qué se cuestiona

Becerra fue imputada, de acuerdo a lo fundamentado por Bornancini, por ser responsable de que Gómez, pese a los antecedentes, haya regresado como efectivo policial a la calle y, además, portara un arma.

La funcionaria oriunda de Villa María fue notificada de la imputación de “abuso de autoridad” el martes pasado, toda vez que se considera que ella es la principal responsable de que el tribunal que encabeza haya rehabilitado en sus funciones al cabo primero Gómez.

Para el fiscal Bornancini existen “algunas inconsistencias en la tramitación del sumario” que se le hizo en 2017 a Gómez, y como ella es la titular del tribunal y ha firmado las resoluciones, ahora deberá explicar las razones que la llevaron a avalar la rehabilitación de un policía imputado.

El delito de abuso de autoridad tiene una escala de pena de un mes a dos años de prisión, por lo que la imputación es excarcelable.

Expresiones de Becerra

En tanto, la titular del Tribunal de Conducta Policial expresó que el cabo primero Gómez estuvo en situación pasiva tras la investigación por un caso de un violador serial de La Calera, a la vez que aclaró que “le levantamos la situación pasiva porque no había más pruebas. Aunque quedó atado al juicio”.

Al volver al trabajo, Gómez estuvo en tareas administrativas, pero luego realizó exámenes de aptitud física y de tiro para volver a sus tareas habituales, dijo Becerra, quien sostuvo que el Tribunal de Conducta Policial levantó la situación pasiva, pero no dispuso que el imputado retorne a funciones con arma reglamentaria.

Asimismo, en relación a la imputación por abuso de autoridad dijo que “como presidenta del Tribunal rige para mí, como para todo el mundo, el principio de inocencia y esta imputación me da la posibilidad de defenderme en juicio y aportar todos y cada uno de los elementos disponibles”, concluyó.

El padre de la víctima

Por su parte, el padre del ultimado a tiros, Blas Fernando Correas, pidió que la causa no se cierre y que la política deje actuar a la Justicia, por lo que apoyó la medida judicial y pidió profundizar más la investigación.

A su vez, en torno a la imputación de Ana Becerra, cuestionó en duros términos que el policía Gómez haya estado trabajando y armado: “Es llamativo que una persona que tenga una causa grave esté portando un arma una noche, caminando por la calle. Como papá me parece aberrante, una locura”.

Interpelar al ministro

Asimismo, la legisladora por el Frente de Izquierda, Noel Argañaraz, presentó un proyecto de interpelación al ministro de Seguridad de la Provincia para que dé explicaciones en la Legislatura por las causas que investigan las muertes de Blas Correas y Joaquín Paredes, “víctimas en casos de violencia institucional, más ahora para que explique sobre las responsabilidades políticas del Gobierno en estos hechos luego de conocerse la imputación de Becerra”. 

“La violencia policial, el abuso, el gatillo fácil y las torturas aumentaron en pandemia. El Gobierno de Córdoba empoderó las fuerzas de seguridad para aumentar su control social. El gatillo fácil aumentó en todo el país y son los jóvenes y los sectores populares quienes sufren las terribles consecuencias, como lo fueron Blas y luego Joaquín en Paso Viejo”, agregó. 

Apuntó que el caso de Blas Correas “dejó más claro que nunca que hay un modus operandi con la construcción de supuestos enfrentamientos, plantando armas. Como si fuera poco, estos agentes tenían causas pendientes de elevación a juicio y les permitieron portar armas. Por esta razón está imputada ahora Ana Becerra, vinculada al poder político”.  

“Hay una responsabilidad política enorme sobre la cual aún hay impunidad”, afirmó la legisladora, que también denunció que “mientras tanto, tenemos que escuchar al ministro Mosquera hablar de refuerzos presupuestarios para las fuerzas en los mismos días que comenzaron a liberar a policías que asesinaron a Joaquín”, expresó la legisladora.