Confesaron el hecho y la sacaron muy barata: tres años de prisión

Dos convictos con antecedentes por delitos contra la propiedad fueron nuevamente condenados ayer en la Cámara del Crimen de Villa María, pero esta vez recibieron una pena más bien leve por dos razones fundamentales: ambos admitieron su culpabilidad en un cuantioso asalto y el arma utilizada en el hecho nunca fue encontrada, por lo que no se pudo probar si era operativa o se trataba de una réplica.

Al cabo de un juicio de trámite abreviado, Rubén Darío Carrión (57) y Cristian Diego Palacios (35) fueron declarados coautores de “robo calificado por uso de arma de fuego cuya operatividad no se pudo acreditar”, y recibieron condenas de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

El asalto en cuestión fue perpetrado alrededor de las 8 de la mañana del 14 de julio del año pasado, cuando Carrión y Palacios irrumpieron violentamente el domicilio de Juan Guiñazú (35), ubicado en Alfonsina Storni 169, en barrio Santa Ana.

Vistiendo ropas de trabajo y utilizando cascos amarillos, se presentaron como supuestos operarios de la construcción y le dijeron a Guiñazú que debía firmar una planilla. Pero cuando el dueño de casa abrió la puerta, lo encañonaron con un arma de fuego, lo golpearon y lo maniataron con una soga, para luego exigirle que les entregara el dinero que tenía guardado.

Todo indica que, gracias a una “batida”, los ladrones sabían que en esa vivienda había un “jugoso” botín de dinero en efectivo y en menos de 10 minutos se apoderaron de 600.000 pesos y 5.000 dólares, además de las llaves de una Toyota Hilux, para luego darse a la fuga en una pick up Volkswagen Saveiro (patente IWY-927) de color blanco.

Con un cómplice

Sin embargo, Carrión y Palacios no estaban solos. Al comando del utilitario en el que habían llegado se encontraba Gabriel Fernando Fabro (53), un arquitecto afincado en el mismo barrio Santa Ana, más precisamente en calle Roma 497, es decir a menos de 300 metros de la casa de Guiñazú.

Apenas un par de días después, la Policía detuvo a los malvivientes: primero cayó Fabro (en su domicilio) y horas después atraparon a los autores materiales del asalto. Carrión fue detenido en Rawson 1989, en barrio Carlos Pellegrini, y Palacios en Chascomús al 100, en barrio Los Olmos de esta ciudad. Además, los investigadores secuestraron poco más de 200.000 pesos en billetes de 500, la Saveiro, cuatro teléfonos celulares, dos camperas, dos morrales y un tapabocas.

Luego de algunas semanas entre rejas, Fabro recuperó la libertad porque carecía de antecedentes y porque el delito que se le atribuía (el mismo que a sus cómplices, pero en calidad de “partícipe necesario”) tiene una pena mínima de tres años de prisión y, por lo tanto, es excarcelable.

En cambio, Carrión y Palacios continuaron “a la sombra” por sus múltiples antecedentes ya que ambos fueron condenados en otras ocasiones, sobre todo el primero de ellos, quien en la víspera fue declarado reincidente y no podrá acceder al beneficio de la “libertad condicional”.

Con respecto a Fabro, cabe señalar que sus abogados defensores, Rodrigo Hayas y Martina Roldán, presentaron en la Cámara del Crimen un pedido de “probation” (suspensión del juicio a prueba) y evitaron que tuviera que sentarse en el banquillo de los acusados, como así lo hicieron sus compañeros de andanzas.

Para que prosperara el pedido, tiempo atrás el arquitecto le reintegró a Guiñazú una suma de dinero similar a la sustraída, en lo que se conoce como “resarcimiento integral a la víctima”.

Datos personales

Rubén Carrión, alias “Mono”, nació en Villa María el 23 de febrero de 1964, es pensionado (durante buena parte de su vida trabajó como albañil) y registra domicilio en José Ingenieros al 1600, en barrio Belgrano. En la víspera también fue juzgado y condenado por otro hecho de “robo simple” que tenía pendiente de resolución.

En tanto, Cristian Palacios, apodado “Vandan”, es oriundo de San Francisco (15 de abril de 1985), aunque al momento se ser detenido estaba viviendo en calle Chascomús al 100, y se ganaba la vida como panadero. Como ya lleva más de ocho meses detenido, puede solicitar la “libertad condicional”.

Detalles del juicio

La camarista Eve Flores presidió la audiencia desde la ciudad de Córdoba (donde está radicada) por medio del sistema de videoconferencia, mientras que en sala ubicada en el quinto piso de los Tribunales locales se dieron cita el fiscal de Cámara, Francisco Márquez, y los abogados Florencia Vottero (defendió a Carrión) y Roberto Marcos (Palacios).

Qué dice la ley

El “robo calificado por uso de arma de fuego cuya operatividad no se pudo acreditar” es un delito legislado por el artículo 166 del Código Penal de la Nación, que establece que “se aplicará prisión de cinco a 15 años… 2º) si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda”.

Sin embargo, el último párrafo de la misma norma legal precisa que “si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de tres a 10 años de prisión”.

Caso Correas: imputaron a otro exfuncionario policial 

El exsubdirector de Seguridad de la ciudad de Córdoba, comisario Gonzalo Cumplido, fue imputado ayer por el delito de “violación de los deberes de funcionario público”, en el marco de la causa por el crimen de Valentino Blas Correas (17), asesinado a balazos por efectivos policiales al evadir un control vehicular en agosto del año pasado. El exfuncionario permanecerá en libertad y en los próximos días será indagado por el fiscal José Mana, a cargo de la instrucción. Hasta el momento la causa tiene 17 imputados, 14 de los cuales son efectivos policiales y tres empleados de la clínica Aconcagua que, según la investigación, se negaron a atender al adolescente cuando fue trasladado en grave estado por las heridas de bala.