Expolicías locales condenados por coimear a proxeneta villamariense

La Justicia Federal de Córdoba les impuso penas de un año de prisión a tres efectivos de la Delegación Villa María de la Policía Federal por haberle exigido dinero a un proxeneta local a cambio de “protección” para que su prostíbulo pudiera funcionar libremente.

La pena recayó en el oficial principal Cristian Pablo Bogetti (42), el cabo Darío Alberto Duarte (46) y el cabo primero Lucas Leonel Bustos (37), quienes en el marco de un juicio abreviado se declararon culpables del delito de “concusión” (ver “Qué dice la ley”).

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la capital provincial, presidido por el juez Julián Falcucci, luego de que el fiscal federal Carlos María Casas Nóblega y los abogados defensores acordaran la sanción finalmente impuesta a los tres acusados que confesaron los hechos por los que fueron procesados.

Hace menos de un mes, Bogetti, Duarte y Bustos fueron condenados a tres años de prision de cumplimiento efectivo por integrar una “asociación ilícita” que era liderada por el exjefe de la Delegación Santa Fe de la Federal, Marcelo “Lechuga” Lepwalts, quien recibió una pena de cuatro años y seis meses de cárcel.

Durante ese juicio, que finalizó el 16 de noviembre, se comprobó que la banda delictiva había montado un “mecanismo recaudatorio” que le permitía obtener importantes sumas de “dinero sucio” de la comercialización ilegal de estupefacientes.

Los acusó un rufián

Con respecto a la nueva causa, las sospechas contra los exfederales las había “sembrado” el propio explotador sexual, el villamariense Cristian Omar Yanantuoni (44), quien el 21 de junio 2019 fue condenado a 11 años de prisión por los delitos de “rufianería agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad” de una de las víctimas, mayor de edad, y por “rufianería agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y por la minoridad” de dos adolescentes de 15 y 17 años.

Ese día, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba había declarado a Yanantuoni, alias “Cara”, culpable de tres hechos de “rufianería”, ya que las tres mujeres habían sido explotadas en el ejercicio de la prostitución entre diciembre de 2014 y febrero de 2015 en una vivienda ubicada en calle Estados Unidos 488, casi esquina Salta, de Villa María.

Una causa “armada”

En aquel juicio, el proxeneta denunció que los policías federales Bogetti, Duarte y Bustos le habían “armado” la causa porque querían que les diera dinero para que, supuestamente, su prostíbulo pudiera operar libremente.

“Cara” Yanantuoni apuntó contra los uniformados, los acusó de hacerle un seguimiento y de exigirle coimas, además de “armarle” la causa (lo que finalmente no se comprobó), ya que Bogetti, Duarte y Bustos eran los encargados de investigarlo en el marco del expediente que terminó con la condena del proxeneta.

Según Yanantuoni, los tres policías le dijeron que necesitaban recibir pagos mensuales, supuestamente para alertarlo sobre allanamientos o datos sobre la investigación que pudieran comprometerlo. Le habrían dicho que Bogetti era el jefe de la Brigada de la Federal y que tanto Duarte como Bustos realizaban tareas de seguimiento, lo que -al parecer- significaba que no podía “zafar” si no pactaba con ellos.

Siempre de acuerdo con su versión, decidió reunirse con los policías en la costanera villamariense para conversar, antes de realizar el pago de una coima. Previo a eso, ideó una estrategia: compró un grabador y grabó la conversación que, según afirmó, involucraba a los efectivos.

Son investigados

Los dichos de Yanantuoni sobre la presunta participación de los policías en los hechos de corrupción derivaron en una investigación que estuvo a cargo del Juzgado Federal de Villa María.

Los tres uniformados quedaron imputados como presuntos coautores del delito de “concusión”, fueron procesados y les dictaron la prisión preventiva.

Luego se probó que Yanantuoni les pagó a Bogetti y a Bustos 3.000 pesos en la zona de atrás del Anfiteatro.

“Precisamente, el tipo penal analizado (...) alcanzó su consumación con el acto de exigir o solicitar de manera abusiva el pago. Al respecto se comprobó con los testimonios de Yanantuoni que Darío Duarte le había solicitado, antes del encuentro grabado, dinero a cambio de protección policial”, indicó el juez Falcucci, quien entre septiembre de 2008 y diciembre de 2011 se desempeñó como fiscal en el Juzgado Federal de Villa María.

“Incluso, surge de la conversación transcripta que Bogetti, Duarte y Bustos, de manera conjunta, llevaban a cabo la conducta penal reprochada. Tanto que, utilizaban la misma línea telefónica para comunicar la exigencia dineraria. Luego, el pago de 3.000 pesos, que quedó registrado en el audio, no hizo más que completar la maniobra planificada por los acusados”, afirmó el magistrado en su fallo.

Qué dice la ley

En Derecho Penal, “concusión” es un término legal que se refiere a un delito llamado “exacción ilegal”, es decir cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.

Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es en provecho propio.

En Villa María

Con respecto a los efectivos que cumplieron funciones en la Delegación Villa María de la Federal, cabe señalar que Bogetti es oriundo de Río Cuarto, pero cuando fue asignado a nuestra ciudad lo hizo procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, Bustos y Duarte trabajaron durante más de una década en la sede policial de calle Lisandro de la Torre 348 hasta que, a mediados de 2017, fueron derivados a la Delegación Santa Fe junto a Bogetti.

Los tres se desempeñaron en la fuerza de seguridad local bajo las órdenes de la excomisaria Olga Ester Quinteros.

Por otra parte, Yanantuoni nació en Villa María el 19 de octubre de 1977 y al momento de ser detenido era propietario de una pollería que funcionaba en calle Salta al 500 y vivía en un edificio de departamentos ubicado en bulevar Ramón J. Cárcano al 400.