Ocho años de prisión para uno, absolución y libertad para otro

La jueza Edith Lezama le impuso una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo a Eduardo José Galíndez (60), un jornalero domiciliado en barrio Las Playas, y absolvió por “el beneficio de la duda” a Jesús María Racca (33), un trabajador rural que estaba viviendo en ese mismo sector de la ciudad.

Galíndez, alias “Gringo”, fue declarado autor penalmente responsable de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por el daño en la salud de las víctimas, reiterado (dos hechos)”, y “corrupción de menores”. Racca llegó acusado por mismos delitos, pero como la prueba en su contra fue insuficiente (al menos con el grado de certeza necesario para ser condenado), la magistrada dispuso la absolución y su inmediata libertad.

Por tratarse de hechos de instancia privada, en los que además las víctimas son menores de edad, la audiencia de debate se realizó a puertas cerradas en la sala que la Cámara del Crimen de Villa María posee en el quinto piso del edificio de Tribunales.
Allí se dieron cita la jueza Lezama, el fiscal Francisco Márquez, la asesora letrada Silvina Muñoz (defendió a Galíndez), el abogado Antonio Alarcos (asistió a Racca) y la secretaria Gabriela Sanz.

Por videoconferencia

En tanto, los acusados comparecieron por videoconferencia desde los penales donde están alojados: Galíndez desde el Establecimiento Penitenciario Nº 5, ubicado en barrio Belgrano de esta ciudad, y Racca desde la cárcel de Bouwer, próxima a la capital provincial.

El juicio comenzó alrededor de las 10 y concluyó pasadas las 19.30, cuando se dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia. Pudo saberse que por lo avanzado de la hora en que se difundió el veredicto, la liberación de Racca se efectivizará recién durante la mañana de hoy.

Ocho testimonios

Durante la extensa audiencia (hubo un par de cuartos intermedios) comparecieron ocho testigos: la mamá biológica de los niños, la encargada de la guarda, una asistente social, un perito de la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) de Córdoba, dos efectivos policiales y una vecina de las víctimas. Además, se incorporaron por lectura otros testimonios y diferentes pruebas instrumentales y documentales, entre ellas las sesiones de cámara Gesell que se les realizaron a los hermanitos.

A la hora de los alegatos, el fiscal de Cámara mantuvo la acusación original y solicitó condenas de 10 años de prisión para cada uno de los acusados.

Comienzos de 2019

Pudo saberse que los hechos por los que Galíndez y Racca fueron procesados y llegaron a juicio se produjeron entre enero y marzo de 2019 en barrio Las Playas. La causa fue instruida por la fiscal Juliana Companys, quien ordenó la detención de ambos a fines de marzo de ese mismo año.

A pesar del hermetismo que rodea el caso, justamente porque se trata de una causa de instancia privada, trascendió que -al momento de los abusos- tanto Galíndez como Racca estaban vinculados afectivamente con dos mujeres del entorno familiar de los niños.

Preso hasta 2027

Detenido desde hace un año y siete meses, el sexagenario deberá completar íntegramente la sanción impuesta ya que no podrá ser excarcelado cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, más allá de que observe buena conducta y de que una pericia psicológica acredite que está apto para reintegrarse socialmente.

Ocurre que el artículo 14 del Código Penal de la Nación, en su inciso 2º, establece que “la libertad condicional no se concederá cuando la pena fuera por delitos contra la integridad sexual”.

En definitiva, Eduardo Galíndez saldrá de la cárcel a fines de marzo de 2027.