Condenas de ocho y siete años de prisión para abusadores sexuales

Un empleado rural ya jubilado y un electricista fueron condenados ayer en la Cámara del Crimen de Villa María por hechos de abuso sexual, aunque uno de ellos también cometió una serie de delitos en perjuicio de quien era su esposa, en el marco de una causa por violencia de genero.

Por un lado, Luis Domingo Fonseca (72) recibió una sanción de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que en otra audiencia de debate sentenciaron a Carlos Alberto Fernández (50) a siete años de cárcel.

Como los dos convictos confesaron lisa y llanamente los hechos que se les atribuían, ambos juicios orales -realizados por videoconferencia- se llevaron a cabo bajo la modalidad de “trámite abreviado”, es decir sin que se receptaran testimonios en la sala de audiencias ubicada en el quinto piso de los Tribunales locales.

Fonseca, quien ayer cumplió los años (nació en Oliva el 15 de diciembre de 1948), fue declarado autor penalmente responsable de “abuso sexual con acceso carnal”, “amenazas calificadas continuadas”, “coacción calificada continuada”, “coacción reiterada” (dos hechos), “amenazas reiteradas” (tres hechos), “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, “privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por el uso de amenazas y por la calidad de cónyuge” y “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género”, delitos que tuvieron como única víctima a su esposa.

En tanto, Fernández fue hallado culpable de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de una menor de 13 años, integrante de su entorno familiar indirecto.

Un anciano violento

La camarista Edith Lezama presidió la audiencia en la que el fiscal Francisco Márquez, la asesora letrada Silvina Muñoz (representante de la mujer abusada y golpeada, quien se constituyó en la causa como querellante particular) y la abogada defensora Analía Nicolli habían acordado previamente pedir la misma pena si Fonseca admitía su responsabilidad penal.

En efecto, al momento de pronunciar sus alegatos las partes coincidieron en solicitar la condena finalmente impuesta por la jueza, quien además de imponerle una multa de 2.000 pesos, ordenó el decomiso de una escopeta marca Centauro que Fonseca utilizó para amedrentar a su pareja en uno de los muchos episodios de violencia de género que protagonizó el iracundo septuagenario.

Todos los hechos delictivos fueron perpetrados en Oliva: siete de ellos durante el año 2016, cuando víctima y victimario eran concubinos, y los dos restantes en 2019 (está preso desde el 19 de noviembre de ese mismo año), cuando ambos ya estaban casados legalmente.

La abogada al lado

Fonseca padece algunos problemas de salud, pero sobre todo una discapacidad auditiva muy severa, por lo que al comienzo de la audiencia se hizo difícil que el acusado entendiera lo que le decían la jueza, el fiscal, la Querella y la Defensa desde el recinto de la Cámara del Crimen, donde estaban reunidos, y conectados con la cárcel a través del sistema de videoconferencia.

Fue por eso que la abogada Nicolli pidió permiso para trasladarse al penal de barrio Belgrano y poder asistir presencialmente al acusado. Tras la autorización de Lezama, la letrada se fue hasta el Establecimiento Penitenciario Nº 5, donde le aclaró la situación a Fonseca, quien finalmente comprendió los alcances del proceso y la pena que le iban a imponer.

Por primera vez desde que se puso en marcha la modalidad de juicio por videoconferencia como consecuencia de la pandemia de coronavirus, un abogado del foro local pudo defender a su cliente personalmente.

Víctima de 13 años

Desde la ciudad de Córdoba, donde está radicada, la jueza Eve Flores presidió la audiencia en la que Carlos Fernández admitió haber sometido sexualmente a una menor durante el transcurso de 2019 (en fechas no precisadas con exactitud) hasta el 19 de marzo de 2020.

Todos los hechos ocurrieron en Villa María, aunque el electricista registraba domicilio en Entre Ríos 1146, en la zona céntrica de Villa Nueva.

Los hechos fueron denunciados por una prima de la víctima y luego de una serie de averiguaciones y pericias, la Justicia ordenó la detención de Fernández, que se concretó en los últimos días de marzo pasado.

Además de la magistrada (quien en su veredicto dispuso que el Servicio Penitenciario le brinde al condenado un tratamiento psicológico acorde a su problemática), intervinieron en el debate el fiscal Márquez y el abogado defensor Oscar Pieckenstainer, quienes previo al proceso oral habían acordado la pena a solicitar en sus respectivos alegatos.

Finalmente, cabe señalar que Fernández registra como antecedente penal una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, impuesta en 2012 por “abuso sexual simple reiterado” (tocamientos y manoseos impúdicos), que no es computable por el tiempo transcurrido.

Agravaron la imputación contra los rugbiers por la golpiza a un joven

La Justicia de Córdoba resolvió cambiar a “lesiones graves” el delito que se le imputa a los rugbiers que le propinaron una golpiza a Lautaro Insúa (18) cuando intervino para que se retirarán de una reunión privada de egresados, realizada en la madrugada del 8 de diciembre en la capital de Córdoba, a la que no estaban invitados. El abogado de la víctima, Carlos Nayi, informó que la Fiscalía que está a cargo de la investigación resolvió “modificar la calificación legal de lesiones leves a lesiones graves” contra los rugbiers Mateo Soler (17) y Tadeo Torasso (18), acusados de delitos que prevé penas de prisión de uno a seis años, según el Código Penal. Asimismo, el letrado dijo que el fiscal Horacio Vázquez también confirmó la acusación por “violación de domicilio” y “daños” para ambos.