Cuatro años de cárcel por abusar de dos nenas en Pozo del Molle

Un albañil oriundo de Las Varillas, pero con último domicilio en Pozo del Molle, fue condenado ayer a cuatro años de prisión efectiva luego de ser hallado culpable de dos hechos de “abuso sexual simple” en perjuicio de dos niñas de su entorno familiar.

Se trata de Franco Daniel del Valle Martínez (38), alias “Oreja”, quien llegó a la Cámara del Crimen de Villa María acusado por delitos muchos más graves, como “abuso sexual simple, agravado y reiterado”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “corrupción de menores agravada”.

Como los hechos eran de instancia privada, la audiencia se realizó a puertas cerradas, con la participación del juez Félix Martínez, el fiscal Francisco Márquez y el abogado Sebastián Elía.

Sin embargo, pudo saberse que los ilícitos fueron cometidos en Pozo del Molle durante 2015 y que las víctimas son dos nenas que, al momento de los hechos, tenían 10 y 11 años.

Condena y libertad para otro

En otro juicio de trámite abreviado, previo acuerdo entre el fiscal Márquez y la defensora oficial Silvina Muñoz, la camarista Edith Lezama de Pereyra le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso y ordenó la libertad de un hombre que llevaba 13 meses entre rejas por hechos de violencia de género.

Diego Alejandro Rodríguez (40) fue declarado autor responsable de “privación ilegítima de la libertad calificada”, “lesiones leves calificadas” y “resistencia a la autoridad” cometidos en agostod el año pasado en perjuicio de su expareja.

Pidieron la "Probation" y debe resolver la jueza Flores

Fernando Maldonado y Gabriel Gaspar ofrecieron ayer realizar tareas comunitarias y compensar económicamente a un villamariense al que le sustrajeron el automóvil, varias tarjetas de crédito y dinero en efectivo, al solicitar una “probation” en la Cámara del Crimen local, donde se realizó una audiencia presidida por la jueza Eve Flores. Ninguno de los jóvenes imputados posee antecedentes y, por esa razón, solicitaron la “suspensión del juicio a prueba” con el objetivo de evitar una posible sanción penal por los delitos cometidos. El daño económico causado a la víctima supera los 40 mil pesos, una cifra muy lejana a los 10 mil ofrecidos por uno de los coimputados para resarcirlo. La magistrada resolverá la cuestión el próximo lunes, cuando se reanude el debate.