Uno de los imputados es el empresario villamariense Darío Ramonda (p)
Se conocerá hoy la sentencia del juicio oral por la megacausa CBI
“Es hora que la confianza pública, que ha sido herida de muerte a partir del funcionamiento de este banco paralelo, comience a ser reparada”, señaló el abogado Carlos Nayi, representante de 62 de los 66 querellantes
La sentencia por la causa CBI Cordubensis SA se conocerá hoy, luego de que los 16 imputados expresen sus “últimas palabras”, según confirmó en la víspera el abogado querellante, Carlos Nayi.
“Se adelantó el veredicto de esta histórica causa; será mañana (por hoy) a las 9.30 y la cita es en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba”, detalló el letrado y agregó que quienes cometieron los “delitos de guantes blancos” están sentados en el banquillo de los acusados.
“Córdoba tiene la posibilidad en sus manos de mostrar que la Justicia aquí funciona”, enfatizó Nayi, representante legal de 62 de los 66 ahorristas presuntamente defraudados.
El letrado sostuvo que “es hora que la confianza pública, que ha sido herida de muerte a partir del funcionamiento de este banco paralelo, comience a ser reparada”.
Los jueces y el fiscal
El tribunal está integrado por los jueces Jorge Fabián Asís (presidente) Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier, mientras que la acusación está a cargo del fiscal Carlos Gonella, extitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En su alegato del pasado 12 de junio, Gonella solicitó elevadas condenas para el presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, y para sus socios en la desaparecida financiera, como así también multas multimillonarias. Para el extitular de la firma pidió 11 años de cárcel y una multa de más de 1.000 millones de pesos.
Todos los acusados
Los otros imputados son el empresario villamariense Darío Onofre Ramonda, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Luis Carlos de los Santos, Miguel Ricardo Vera, Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Carina Andrea Moreno, Roberto Carlos Di Rienzo, Olga Beatriz Divina, Lucas Bulchi, Diego Ariel Sarrafián y José María Núñez.
El fiscal enumeró y detalló la prueba documental y testimonial que recae sobre cada uno de los acusados, el rol desempeñado en el interior de la estructura de CBI Cordubensis y el grado de participación en el accionar delictivo.
Para Ramírez, Ahumada y Altamirano, Gonella pidió penas de siete años de prisión y 681 millones de pesos de multa para cada uno, mientras que para el restante socio de Rodrigo, Daniel Tissera, solicitó cuatro años de cárcel y multa por 340 millones de pesos.
Quien recibió un requerimiento de sanción elevado fue el “arrepentido” Miguel Vera, con 10 años de prisión y nada menos que 1.400 millones de pesos de multa. En este caso, Gonella dijo que no surge que haya elementos para atenuar la pena por su declaración.
Para Sarrafian, el fiscal pidió seis años y medio de prisión y 82 millones de pesos de multa, mientras que para el dueño de Centro Motor, el villamariense Darío Ramonda (p), solicitó una condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 102 millones de pesos.
“El país nos mira”
“El país nos está mirando; por primera vez en la República Argentina, a partir de la introducción del artículo 310 a nuestro Código Penal, del delito contra el orden económico y financiero, se juzga la ‘intermediación financiera no autorizada’ y agravada”, enfatizó Nayi.
El letrado cordobés dijo que “están todas las expectativas porque entiendo que la prueba ha sido presentada a lo largo de seis meses de juicio”, precisó el abogado sobre los más de 100 cuerpos de expedientes y 24.000 fojas del caso.
Para Nayi “hay un cuadro convictivo en sentido incriminante, compacto e hilvanado”, que ubica a los acusados “en un claro plano delictivo”.
Suicidio y fuga
La investigación comenzó luego del suicidio del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, en febrero de 2014, quien dejó una carta póstuma, y tras la huida del país del titular de la empresa, Rodrigo.
De esta forma se generó una fuerte corrida que desmoronó la empresa y afectó a todos los que participaban de manera directa o indirecta de esas actividades. Además, durante las audiencias (que comenzaron el 5 de noviembre del año pasado) se debatió sobre los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de activos”, “evasión” y “defraudación por retención indebida”.
