“No sé por qué lo hice”­

Con la declaración del único imputado que tiene la causa y la incorporación “por lectura” de toda la prueba colectada en el expediente, comenzó ayer el juicio por jurado que se le sigue a Mariano Angel Gutiérrez Cingolani (32) por el brutal crimen de la niña Luna Viera (5), ocurrido en las primeras horas de la tarde del miércoles 19 de julio de 2017 en Tío Pujio.

Luego de una hora y cuarto de audiencia, el presidente del tribunal, Félix Martínez, dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10, oportunidad en la que comparecerán la psicóloga Graciela Moreno y el psiquiatra Ignacio Dalmases, peritos forenses del Poder Judicial de Córdoba.

Gutiérrez Cingolani, conocido en el pueblo como “Marianito” por tratarse de un hombre que padece un retraso mental (pese a lo cual fue declarado imputable), está acusado como presunto autor de “abuso sexual con acceso carnal”, en concurso real con “homicidio doblemente calificado, por críminis causa (es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el sometimiento sexual) y por violencia de género” (femicidio).

La pena máxima

Cabe señalar que el gravísimo delito que se le atribuye tiene como única pena la prisión perpetua.

El proceso oral y público que se lleva a cabo en la sala que la Cámara del Crimen posee en el quinto piso de los Tribunales locales, cuenta con la participación de tres jueces técnicos (además de Martínez, las magistradas Eve Flores e Inés Mariel) y un jurado popular integrado por 11 ciudadanos comunes (una de las seis mujeres sufrió un problema de salud y tuvo que retirarse), además del fiscal Francisco Márquez y de la asesora letrada Silvina Muñoz.

Cuando pasen a deliberar, los ocho jurados titulares y las dos camaristas deberán decidir sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, mientras que el presidente del tribunal solo votará en caso de empate.

Presentación del caso

A poco de comenzada la audiencia de debate y luego  que se le tomara juramento a los miembros del jurado popular, la secretaria Gabriela Sanz dio lectura a la pieza acusatoria y posteriormente el fiscal y la defensora oficial presentaron el caso, como es habitual en los jucios por jurado.

Tanto Márquez como Muñoz aludieron a la salud mental de Gutiérrez Cingolani, aunque el primero dijo que mantendrá la acusación que se le atribuye y que, por ende, pedirá la pena máxima cuando formule su alegato, instancia que se concretará el próximo lunes.

El titular del Ministerio Público aclaró que “si bien tiene un retraso madurativo, comprende sus actos”, por lo que se trata de un convicto “punible” (es decir, que merece castigo por los delitos que cometió).

Su discapacidad

Por su parte, Muñoz se refirió puntualmente a la condición de su defendido, señalando que presenta una “discapacidad intelectual” y que, por esa razón, los vecinos de Tío Pujio se refieren a él diciendo que “no es normal” e incluso lo describen como “el discapacitado” o, peor aún, como “el cortado verde”.

La asesora letrada pidió a los miembros del jurado popular que como su defendido es una persona con limitaciones intelectuales, eso debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre su responsabilidad penal en el hecho que se le atribuye.

"Que diga la verdad”

Seguidamente, Gutiérrez Cingolani compareció sobre condiciones personales y cuando el juez Martínez le preguntó si iba a declarar o prefería abstenerse de hacerlo, el acusado respondió: “Un amigo me pidió que diga toda la verdad”. En realidad, se refería a otro interno de la cárcel de Cruz del Eje, donde se encuentra alojado.

En ese momento y ante una pregunta del fiscal, Muñoz dijo que le había sugerido a su defendido que se abstuviera de declarar, pero que él decidió seguir los “consejos” de su compañero de celda.

Al brindar información sobre sus datos personales, dijo que no sabe leer y que solo aprendió a escribir su nombre y a firmar. También conoce los colores y los números.

Con cierta dificultad para expresarse, Gutiérrez Cingolani dijo que supo trabajar con su hermano como peón de albañil, recordaba su número de documento y la dirección de su casa (Alcántara 385) y que al momento de ser detenido vivía allí “con mi mamá, mi abuela y mi hermano”.

Sin embargo, a una pregunta del fiscal, admitió que su progenitora falleció hace algunos años y que a quien describió como su “mamá” es en realidad una tía, quien estaba presente en la sala, entre el público que presenció la primera audiencia del juicio.

Dijo además que, mucho antes del crimen de Luna, estuvo internado en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Emilio Vidal Abal” de Oliva, pero que se escapó y que “no quería volver más a ese lugar”.

“Para que no gritara”

Con voz casi inaudible, Gutiérrez Cingolani admitió haberle “tapado la boquita para que no gritara”, y cuando la jueza Flores le preguntó por qué suponía que la pequeña iba a gritar, respondió: “Porque el papá (de Luna) no quería que ella jugara conmigo”.

Dijo también que se largó a llorar cuando se dio cuenta que la niña estaba muerta; que le decía “Lunita, Lunita” y que ella no respondía. En ese punto negó haber abusado de Luna, dijo que “nunca” le puso el pene en la boca y que “la nenita se debe haber ahogado con la saliva”.

Agregó que luego levantó el cuerpo de la criatura y lo llevó a la casa de la vecina, dejándolo debajo de un naranjo, lugar donde fue encontrado momentos más tarde.

“No sé por qué lo hice”, balbuceó Gutiérrez Cingolani y luego dijo que había decidido contar todo “porque estoy arrepentido”.

En otro pasaje de su declaración, dijo que “a veces eran las 11 de la noche y la nenita andaba en la calle, mientras los papás miraban televisión”.

La muerte de Luna

De acuerdo con los estudios genéticos realizados en la capital provincial por especialistas del Instituto Médico Forense, la menor fue sometida sexualmente “por vía indirecta” (es decir, vía oral), motivo por el cual Gutiérrez Cingolani fue imputado como supuesto autor de “abuso sexual con acceso carnal”.

Siempre según aquella pericia médica, el accionar del femicida provocó una “sofocación y obstrucción de vía y resquicio respiratorio” en la víctima, lo que le ocasionó la muerte por “asfixia por fallo multisistémico”.

Cabe señalar que aquellos estudios científicos no detectaron lesiones ni se hallaron restos de semen en los genitales de la menor.

A criterio del fiscal René Bosio, que instruyó la causa, el abuso sexual se produjo en el interior de la casa del acusado, en la que se encontraba solo, y posteriormente abandonó el cuerpo sin vida de Luna en el ingreso lateral a la vivienda contigua.

Imputabilidad

Con respecto a la imputabilidad Gutiérrez Cingolani, en marzo de 2018 tres especialistas del Gabinete de Psiquiatría Forense del Poder Judicial de Córdoba determinaron que el acusado “pudo comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones” cuando cometió el hecho que terminó con la vida de Luna.

Una primera pericia, realizada a fines de julio de 2017, había determinado que el acusado no había entendido la gravedad de los hechos, por lo que -en principio- se trataba de una persona “inimputable”.

Sin embargo, a los efectos de profundizar la investigación y despejar cualquier tipo de dudas, el fiscal Bosio ordenó la segunda pericia psiquiátrica, sobre la cual declararán el viernes los forenses que vendrán de la capital provincial.

Al respecto, cabe señalar que Ignacio Dalmases es coordinador del Servicio de Psiquiatría Forense del Poder Judicial de Córdoba, mientras que Graciela Moreno se desempeña como jefa del Servicio de Psicología Forense Penal de la Justicia provincial.