Llega fin de año y se multiplican los juicios: tres nuevas condenas

Como suele suceder en las dos últimas semanas de cada año, en la Cámara del Crimen de Villa María se aceleran los juicios en procura de definir la situación procesal de la mayor cantidad de convictos posible antes de que empiece la Feria Judicial de verano, que abarca todo el mes de enero.

Así, en apenas dos días se realizaron seis audiencias de debate (tres el martes y otras ayer), con un saldo de media docena de sentencias, aunque cinco de los condenados pudieron recuperar la libertad porque las penas fueron de ejecución condicional.

En la víspera, solo uno de los tres convictos que se sentaron en el banquillo de los acusados recibió una sanción de cumplimiento efectivo que lo dejará algún tiempo más “a la sombra”. A los otros dos (entre ellos una mujer) les aplicaron condenas en suspenso y fueron excarcelados ni bien concluyeron sus respectivos juicios.

Como dato singular, tanto el martes como ayer las audiencias fueron presididas por los tres vocales de la Cámara, Félix Martínez, Eve Flores y Edith Lezama, quienes estuvieron a cargo de dos juicios cada uno.

Condena efectiva

La condena más alta impuesta en la víspera recayó en Alexis Miguel Monteverde (23), un albañil que fue declarado culpable de un hecho de “robo doblemente calificado", por uso de arma de fuego y por lesiones graves, en grado de tentativa”, ocurrido en barrio La Calera de esta ciudad.

El hecho por el que fue condenado se produjo el sábado 17 de marzo de 2018, cuando en un intento de robo (quiso apoderarse de una moto), le efectuó varios disparos a Claudio Ezequiel Barengo (30), quien se encontraba en la esquina de Marcos Juárez y José Rucci.

Barengo resultó herido en el pecho y sufrió un neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pasteur y salvó su vida por milagro, ya que el proyectil no lesionó órganos vitales.

Monteverde escapó del lugar junto al otro sujeto que lo acompañaba (quien guiaba el automóvil en el que circulaban), pero fue detenido cuatro días después ya que varios testigos del hecho, vecinos del lugar donde se produjo el incidente, lo identificaron fácilmente a raíz de los tatuajes que tiene en el cuello y en el rostro.

Al formular su alegato, el fiscal Francisco Márquez mantuvo la acusación y pidió una pena de cuatro años, cuatro meses y 20 días de prisión efectiva, mientras que la defensora oficial Silvina Muñoz solicitó una condena de tres años luego de sostener que no había elementos de prueba que abonaran la hipótesis del robo, sino que se había tratado de una pelea entre ambos por un asunto de drogas.

Finalmente, la jueza Flores aplicó una sanción levemente superior a la requerida por el titular del Ministerio Público, por lo que Monteverde deberá completar alrededor de 35 meses entre rejas (casi tres años) para poder solicitar la “libertad condicional”.

Con buena conducta y una pericia psicológica favorable, el joven saldría de la cárcel a fines de febrero de 2021.

Un policía violento

En otro de los juicios realizados ayer en el quinto piso de los Tribunales locales compareció Sergio Eduardo Bartoloni (51), un suboficial de la Policía de la Provincia de Córdoba oriundo de la ciudad de Oliva, pero que al momento de ser detenido (el pasado 23 de enero) prestaba servicio en la Comisaría de Distrito Oncativo.

Bartoloni llegó a juicio acusado por una serie de hechos de violencia perpetrados en perjuicio de su expareja, una joven que actualmente tiene 26 años: “lesiones gravísimas calificadas por violencia psicológica”, “amenazas calificadas”, “amenazas reiteradas” y “desobediencia a la autoridad”.

Sin embargo, tanto el fiscal Márquez como el abogado defensor Iván Jesús Rivarola, al pronunciar sus alegatos, coincidieron en solicitar la absolución con respecto al primero y más grave de los delitos y pidieron una pena de tres años de prisión en suspenso por los otros hechos, que el propio Bartoloni admitió haber cometido.

Desde 2014 y hasta comienzos de 2019, el todavía efectivo policial (se encuentra en situación pasiva, aunque es un hecho que será exonerado de la fuerza luego de la sentencia condenatoria de la víspera), sometió a su pareja a permanentes episodios de maltrato psicológico y hostigamiento verbal, además de agresiones físicas (como empujones) y amenazas, que llevaron a la joven a denunciarlo reiteradamente, hasta que fue detenido por incumplir una orden de restricción judicial que le impedía acercarse a la víctima.

Bartoloni pasó casi 11 meses entre rejas y ayer pudo recuperar la libertad porque la pena aplicada fue en suspenso, aunque deberá cumplir a rajatabla una serie de reglas de conducta si no quiere volver a la cárcel.

Entre otras medidas, la jueza Lezama dispuso que el irascible sujeto se someta a tratamiento psicológico, se abstenga de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante e incluso que deberá vivir a más de 500 metros de su domicilio.

Por narcomenudeo

En tanto, Eliana Jacqueline Romero (27), una empleada doméstica apodada “Jacky”, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y, al igual que Bartoloni, pudo recuperar la libertad ni bien concluyó la audiencia.

Romero confesó los hechos que se le atribuían y posibilitó que el juicio se abreviara. Fue declarada culpable de “tenencia simple de estupefacientes en grado de tentativa” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, por dos hechos ocurridos en enero del corriente año.

El primero de ellos se produjo cuando ingresó a la cárcel de barrio Belgrano (durante una visita) con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo de la campera. Y unos días después fue arrestada frente al Club Alem de Villa Nueva con un envoltorio en el que llevaba casi 110 gramos de cocaína.

En efecto, el 16 de enero el remís en el que viajaba la joven fue requisado por personal de Gendarmería mientras realizaba un control vehicular y en poder de Romero se halló la droga mencionada.

En los alegatos, el fiscal de Cámara solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva, el mínimo previsto por la Ley 23.737 para la “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

En tanto, la abogada Analía Nicoli planteó la inconstitucionalidad de la escala penal y solicitó una pena de tres años en suspenso, sanción que finalmente aplicó el juez Martínez en su veredicto, además de una multa de 15 mil pesos.

Cabe señalar que durante los 11 meses que estuvo privada de la libertad, Romero realizó tratamiento médico y psicológico para superar su problema de adicciones (consume estupefacientes desde los 16 años), que deberá continuar fuera de la cárcel a modo de regla de conducta dispuesta por el presidente del tribunal.