Fue alojado en el penal de Bouwer - Está imputado de “exacciones ilegales”
Trasladaron al policía detenido
Se trata del cabo primero Víctor Hugo Correa. Fue arrestado el jueves a la tarde por orden de la fiscal Silvia Maldonado. Le atribuyen haber cobrado 2.000 pesos para recuperar un celular robado
Fue trasladado ayer al penal de Bouwer el policía villamariense detenido el jueves por la tarde en esta ciudad, sospechado de haberle cobrado una suma de dinero a una mujer para recuperar un celular que le habían robado.
Víctor Hugo Correa (34), cabo primero de la fuerza de seguridad provincial que cumple tareas en la Patrulla Preventiva, fue arrestado por orden de la fiscal de Instrucción del Primer Turno, Silvia Maldonado, quien lo imputó como presunto autor del delito de “exacciones ilegales”.
Correa, apodado “Tato”, es investigado en relación a la supuesta sustracción de un teléfono móvil y posterior “pedido de negociación” para su devolución.
De acuerdo con lo que se pudo saber extraoficialmente sobre el caso, una mujer a la que le robaron el celular, se contactó con el uniformado para que la ayudara a recuperarlo.
En la víspera, la fiscal Maldonado dijo que es el único detenido que tiene la causa por el momento y confirmó que el delito que se le atribuye a Correa es el de “exacciones ilegales”, aunque declinó proporcionar otros detalles, “porque -dijo- la investigación recién está comenzando”.
El caso se originó hace algunos días, luego de que una mujer sufriera la sustracción del dispositivo después de olvidarlo en un comercio local. La víctima formuló la denuncia en la Comisaría de Distrito, pero como conoce al policía le pidió que la ayudara a recuperarlo.
Al parecer, después de hacer algunas averiguaciones, el uniformado le dijo que la persona que tenía el teléfono quería dinero para devolverlo. Ante ello, la víctima le habría entregado 2.000 pesos a Correa, tras lo cual obtuvo el celular y se lo restituyó a su propietaria.
Qué dice la ley
El Código Penal de la Nación establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
En tanto, el artículo 267 precisa que “si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años”.
Finalmente, el artículo 268 del mismo cuerpo legal dispone que “será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores”.
La acción que caracteriza a la exacción simple consiste en “exigir, hacer pagar, hacer entregar o cobrar” y los objetos de la exacción pueden ser una dádiva, una contribución, un derecho total o parcialmente indebidos.
