Condena y libertad para un changarín mollense

Un joven de Pozo del Molle fue condenado ayer a tres años de prisión de ejecución condicional y pudo recuperar la libertad luego de pasar 10 meses entre rejas por haber agredido física y verbalmente a su exconcubina.

Zacarías Sánchez (21) fue declarado culpable de “lesiones leves doblemente calificadas” (por violencia de género y por el vínculo) y “amenazas”, en perjuicio de su expareja, y de “resistencia a la autoridad” (por un incidente anterior con  la Policía), pero zafó de la acusación más grave que se le atribuía, que lo habría dejado un largo tiempo tras las rejas.

En efecto, Sánchez también llegó a juicio imputado como presunto autor de “abuso sexual con acceso carnal” por un hecho denunciado por la misma mujer, quien declaró haber sido obligada a mantener relaciones íntimas por la fuerza.

Sin embargo, la propia víctima de la violencia ejercida por su ex se desdijo con respecto a ese episodio y, a partir de ahí, cambió sustancialmente la situación procesal del joven, quien finalmente fue absuelto por el “beneficio de la duda”.

Por esa supuesta violación (delito de instancia privada), la audiencia de debate se realizó a puertas cerradas en el recinto ubicado en el quinto piso de los Tribunales locales, donde tiene sede la Cámara del Crimen de Villa María.

No obstante, pudo saberse que Sánchez fue detenido a mediados de febrero, luego que la joven que convivía con él en la casa de su madre, en la vecina localidad, lo acusó de haberla golpeado, amenazado y sometido sexualmente por la fuerza.

Previo a esa denuncia, el joven changarín protagonizó un incidente con la Policía mollense, lo que le valió la acusación de “resistencia a la autoridad” que se anexó a la causa principal por los hechos de violencia de género.

A poco de iniciado el juicio, Sánchez admitió haber amenazado y golpeado a su expareja y también del episodio con los uniformados, pero negó de plano la violación denunciada por la mujer.

A la hora de los alegatos, tanto la fiscal Juliana Companys (fue quien instruyó la causa y ayer intervino como fiscal de Cámara), como la asesora letrada Silvina Muñoz pidieron la absolución del joven en relación al abuso sexual por el “beneficio de la duda”, pero difirieron en cuanto al pedido de pena: la acusadora pública solicitó tres años de prisión y la defensora oficial dos años, en ambos casos de ejecución condicional.

Al dictar sentencia, la jueza Edith Lezama de Pereyra aplicó la sanción requerida por Companys y ordenó la libertad de Sánchez, quien no registraba antecedentes de ninguna índole. Asimismo, le impuso una serie de reglas de conducta (entre las que sobresale el impedimento de contacto con la víctima), que deberá cumplir rigurosamente si quiere conservar la libertad.