Todos condenados, pero las penas más altas fueron para los policías

La Justicia villamariense condenó anoche a ocho de los 15 integrantes de la banda que comercializaba autos robados, aunque las penas más altas recayeron en los policías David Osmar Cánova (32) y Nancy María de Lourdes García (42).

El cabo Cánova, quien se desempeñaba en la Policía Caminera, recibió una sanción de cuatro años y seis meses de prisión, mientras que a su colega García, adscripta al Destacamento de Pampayasta Norte, le impusieron tres años y ocho meses, en ambos casos de cumplimiento efectivo.

En tanto, los coimputados Silvia Andrea Bogaert (44), Rubén Alberto Arce (51), Nelson Oscar Bracamonte (51), David Ezequiel Flores (32), Carlos Iván Silva (35) y Mario Alberto Soria (41), fueron condenados a tres años de cárcel, también efectiva, pero como llevan poco más de un año y ocho meses entre rejas (fueron detenidos el 1 de marzo de 2018), quedaron a un paso de obtener la “libertad condicional”, siempre y cuando tengan buena conducta y sorteen con éxito una pericia psicológica.

Seguirán investigando

En uno de los párrafos de la sentencia dictada por los camaristas Félix Martínez (presidente del tribunal), Eve Flores de Aiuto y Edith Lezama de Pereyra, se dispuso remitir las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de turno para que investigue si la organización delictiva desarticulada vendió 37 autos a efectivos policiales de Villa María.

El revelador dato surgió de varias escuchas telefónicas realizadas a Bogaert, en las cuales la propia mujer asegura que 37 vehículos fueron adquiridos por uniformados que prestan servicio en esta ciudad, en el ámbito de la Unidad Departamental General San Martín.

Los otros acusados

Cabe recordar que otras siete personas, también implicadas en los hechos, solicitaron la “probation” (suspensión del juicio a prueba) y evitaron, el menos por el momento, tener que sentarse en el banquillo de los acusados.

Se trata de Carlos Antonio Orellano (58), Alejandro Javier Ostorero (50), Sergio Adrián Espósito (34), Claudio Martín González (44), Claudio Alejandro Martínez (46), Mariano Matías Pablo Santillán (42) y Jorge Esteban Suárez (38), quienes se encuentra en libertad.

En principio, la Justicia rechazó los pedidos de “probation”, por lo que todos apelaron la medida por ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá resolver la cuestión. Y si se confirma la medida procesal, los siete tendrán que comparecer en juicio oral y público como el sustanciado ayer.

Cómo operaban

Tal como lo informó El Diario en su edición de la víspera, la banda estaba integrada por al menos dos policías y 13 civiles, que se asociaron con el fin de comercializar automóviles robados. Para tal fin, uno mantenía contacto con los delincuentes que sustraían los vehículos en la ciudad de Córdoba, otros guardaban los vehículos por un tiempo para “enfriar” la investigación, y posteriormente los llevaban a Oliva y Oncativo, donde los vendían.

El traslado era concretado por los uniformados, lo que facilitaba eludir los controles en tránsito que suele hacer la Policía Caminera en las rutas cordobesas. Asimismo, en el grupo también había gestores que se encargaban de la documentación apócrifa, lo que incluía patentamiento, Formulario 08 y Tarjeta Verde, entre otros.

Durante la audiencia del lunes, siete de los ocho involucrados confesaron su participación en las actividades ilícitas y posibilitaron que, al menos respecto de sus situaciones procesales, el juicio se abreviara. En tanto, el policía David Cánova negó los hechos, mientras que la tarotista y paramédica olivense Silvia Bogaert negó ser la jefa de la asociación ilícita.

Alegatos y sentencia

La segunda y última audiencia de debate comenzó poco después de las 10.30 y concluyó minutos antes de las 21, cuando el tribunal dio a conocer el veredicto condenatorio.

Durante toda la jornada, jueces y jurados escucharon los alegatos del fiscal Francisco Márquez y de los abogados defensores de los imputados.

A raíz de la confesión lisa y llana de seis de los ocho miembros de la banda, el Ministerio Público y las Defensas coincidieron en solicitar penas de tres años de prisión efectiva para todos, mientras que para el cabo Cánova, Márquez reclamó una condena de seis años de cárcel.

Diez defensores

Posteriormente alegaron los abogados Alejandro Dragotto (defensor de Bogaert y Silva), Florencia Vottero y Rocío Tosolini (codefensoras de Arce), Cristina Petrelli (Bracamonte), Héctor Luna (Flores), Mario Bongianino e Iván Rivarola (García), Manuel Toledo (Soria) y, por último, Carlos Hairabedián y Octavio Ibarra (Cánova).

El conocido letrado cordobés pidió la absolución de su cliente y, subsidiariamente, que se le impusiera la pena mínima, algo que finalmente no ocurrió.

Fallo unánime

Al momento de dictar sentencia (jueces y jurados populares deliberaron durante dos horas y 40 minutos y el fallo fue unánime), los miembros del tribunal le impusieron cuatro años y medio de prisión a quien fuera miembro de la Policía Caminera y tres años y ocho meses a la cabo García, quien en un primer momento (al igual que Cánova) había negado los hechos, pero después terminó admitiendo su culpa.

Ambos policías fueron declarados culpables de “asociación ilícita”, “encubrimiento agravado”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “allanamiento ilegal”,  “abuso de autoridad” y “hurto simple”.

En tanto, los demás fueron condenados por “asociación ilícita” (un delito que tiene como pena mínima tres años de cárcel), y en algunos casos también se los halló autores responsables de “encubrimiento agravado”, “sustitución de objeto registrable”, “defraudación”, “falsificación de documento público”, etcétera.

Cabe recordar que, según un funcionario policial que tuvo a su cargo las escuchas telefónicas, la organización delictiva habría comercializado en Oliva y Oncativo “entre 60 y 70 autos” que fueron robados en Córdoba capital.

La investigación comenzó en 2016 y concluyó cuando la banda fue detenida el 1 de marzo del año pasado.