Acusados de integrar una banda liderada por una tarotista de Oliva

Una megacausa instruida en Oliva que investigó el camino de la comercialización de autos robados llegó ayer a la Cámara del Crimen de Villa María, donde juzgan a ocho de los 15 imputados por asociación ilícita.

La magnitud del juicio que seguirá hoy se refleja en la cantidad de acusados: 15 en total, de los cuales siete pidieron la suspensión del juicio a prueba. Los ocho restantes, representados por 10 abogados, estuvieron sentados en el banquillo de los acusados escuchando los 25 hechos de los que se los inculpa.

Según la acusación, el grupo de personas integrado por policías y civiles se asoció con el fin de comercializar autos robados. Para ello, uno mantenía contacto con los que violentamente sustraían los vehículos en Córdoba capital, otros lo “enfriaban”, es decir, los guardaban por un tiempo para luego trasladarlos hacia Oliva y Oncativo donde los comercializaban.

El traslado, según la acusación, era concretado por funcionarios policiales, con lo que era más fácil eludir los controles en tránsito.

Había también en el grupo gestores que se encargaban de la documentación apócrifa, lo que incluía patente, 08 y Tarjeta Verde, entre otros.

Conectando a todas las personas imputadas aparece Silvia Bogaert, una tarotista y paramédica de Oliva, que está imputada como jefa de la asociación ilícita.

A excepción del policía David Cánova, quien negó los hechos, todos confesaron la participación en el ilícito. Bogaert admitió los hechos, pero dijo que no “daba órdenes” y que, por lo tanto, no era jefa.

Las declaraciones

Uno a uno los imputados que comenzaron a ser juzgados desde ayer declararon ante los jurados populares y los integrantes de la Cámara del Crimen.

El primero fue Mario Alberto Soria, de 49 años. Actualmente está en pareja y relató que tuvo una condena anterior ya cumplida. Admitió los hechos por los que está acusado. El era, según la investigación, el que encontraba los compradores para los vehículos robados. Llegó defendido por el abogado Manuel Toledo.

Le siguió Carlos Silva (35), esposo de Bogaert. Reconoció los hechos de los que se lo acusa y ante la pregunta de su abogado, Alejandro Dragotto -letrado cordobés que fue defensor de Maximiliano Eve, condenado por intentar matar a Alejandro Roganti-, remarcó que en la cárcel, donde está alojado desde el 1 de marzo de 2018, tiene una conducta ejemplar.

Le siguió a la hora de las declaraciones Nancy García, cabo de la Policía, radicada en Oliva y que cumplía funciones en Pampayasta. En su primer declaración negó los hechos “rotundamente”, pero luego del cuarto intermedio, al retomar la audiencia por la tarde, quiso declarar admitiendo la responsabilidad en los hechos. Cabe señalar que la mujer está en tratamiento oncológico y que tiene tres hijos al cuidado de su madre, también enferma.

Llegó defendida por los abogados Mario Bongianino e Iván Rivarola.

Siguió Rubén “la Monja” Arce, secretario general de UATRE Oncativo y contratista de la Municipalidad de esa ciudad. Ya tuvo una condena a seis años y dijo que se hacía cargo de todos los hechos. Está defendido por las abogadas villamarienses Florencia Vottero y Rocío Tosolini.

Al llegar el turno de Silvia Bogaert (44), nacida en Villa María, pero radicada en Oliva, dijo que es madre de cuatro hijos, que vive de tirar las cartas de tarot y también remarcó, ante la consulta de su defensor Dragotto, que su conducta en la cárcel es de 10. “Fui partícipe de los hechos, no lo voy a negar, pero nunca asumí el rol de jefa, porque no daba órdenes a nadie”, remarcó.

Nelson “Willy” Bracamonte (51), está defendido por Cristina Petrelli. Es un mecánico de Córdoba capital, padre de seis hijos. Actualmente está alojado en Bouwer. Está acusado de ser el contacto entre los ladrones -que no fueron identificados- y el grupo de Oliva. También remarcó que su conducta en la cárcel es ejemplar. “Acepto los cargos que se me imputan”, dijo ante el Tribunal y el jurado popular.

Luego, llegó el turno del policía David Cánova (31), defendido por el mediático abogado cordobés Carlos Hairabedian junto a Octavio Ibarra -intendente electo de Oliva-.

Señaló que es oriundo de Oncativo y que vive en Oliva junto a su abuela. “Hace un año, siete meses y 10 días que estoy preso”, dijo, remarcando también su conducta ejemplar. Fue el único que negó los hechos y luego se abstuvo de seguir declarando.

El último en testimoniar ante el Tribunal fue David Ezequiel Flores. El cordobés de 32 años se dedica a la venta de autos usados. “Reconozco y pido disculpas. Estoy arrepentido”, dijo. Relató también que padece soriasis y que no está recibiendo tratamiento en la cárcel -donde también tiene 10 de conducta- para esa enfermedad.

Testigos

Luego de un cuarto intermedio la audiencia prosiguió con los dos testigos citados para la jornada.

Se trata de Edgar David Fonseca, funcionario policial que inició la investigación a raíz de un dato en el que le indicaron que “autos robados en Córdoba andaban por Oliva”.

Con esos primeros datos llegaron a un domicilio donde hallaron los vehículos, pero se encontraron con que la patente correspondía a otros coches que no tenían pedido de captura porque estaban en manos de sus dueños. “Eran patentes mellizas”, afirmó. Dado que no podía dar precisiones de nombres o tipos de vehículos, terminaron incorporando como prueba las 20 declaraciones que hizo el funcionario policial en la Instrucción.

El segundo testigo fue otro policía, Víctor Alejandro Idoria, quien se encargó de las escuchas telefónicas. El testimonio fue comprometedor para los acusados.

Al final, todas las partes estuvieron de acuerdo en incorporar el resto de la prueba, por lo que hoy continuará la audiencia con los alegatos. Luego queda el derecho a la “última palabra” y allí, los jurados populares con los jueces técnicos pasarán a deliberar para poder arribar a un veredicto.

Una por una, las imputaciones

1) Silvia Andrea Bogaert, asociación ilícita agravada por su condición de jefa u organizadora,  encubrimiento,  sustitución de objeto registrable, partícipe necesaria del delito de falsificación de documento público y estelionato.

2) Rubén Alberto Arce, asociación ilícita, encubrimiento agravado y estelionato.

3) Nelson Oscar Bracamonte, asociación ilícita, encubrimiento agravado y sustitución de objeto registrable.

4) David Osmar Cánova, asociación ilícita, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público; allanamiento ilegal en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y hurto simple.

5) David Ezequiel Flores, asociación ilícita, encubrimiento agravado y sustitución de objeto registrable.

6) Nancy María de Lourdes García, asociación ilícita,  encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público; allanamiento ilegal en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y hurto simple.

7) Carlos Antonio Orellano, asociación ilícita y encubrimiento agravado.

8) Alejandro Javier Ostorero, asociación ilícita y encubrimiento agravado.

9) Carlos Iván Silva, asociación ilícita, encubrimiento agravado  y sustitución de objeto registrable.

10) Mario Alberto Soria, asociación ilícita, encubrimiento agravado  y sustitución de objeto registrable.

11) Sergio Adrián Espósito, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

12) Claudio Martín González, encubrimiento agravado, uso de documento público falso y por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

13) Claudio Alejandro Martínez, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautor del delito de extorsión en grado de tentativa.

14) Mariano Matías Pablo Santillán, por encubrimiento agravado y de uso de documento público falso más incumplimiento de los deberes de funcionario público.

15) Jorge Esteban Suárez, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautor del delito de extorsión en grado de tentativa.

Acusadores públicos

Mónica Biandrate, fiscal de Instrucción de Oliva, fue la que estuvo a cargo de la investigación de la megacausa por comercialización de autos robados. Estuvo ayer -y seguramente volverá hoy-  para acompañar en la audiencia al fiscal de Cámara, Francisco Márquez (foto superior).

Allanamiento

Los dos policías sentados al banquillo están acusados de liberar el traslado de los vehículos robados hacia donde iban a ser comercializados. Pero también tienen otra acusación por un allanamiento sin orden, en el que secuestraron el auto que había adquirido una familia de Oliva.

Entre 60 y 70 autos

Según el testigo Idoria, policía que tuvo a su cargo las escuchas telefónicas, la banda habría comercializado en Oliva y Oncativo, "entre 60 y 70 autos" robados en Córdoba capital. La investigación comenzó en 2016 y los acusados fueron detenidos en 2018.