La pena mínima de cuatro años por venta de drogas “es constitucional”

Un dictamen de la Procuración General de la Nación, que lleva la firma de su titular, Eduardo Casal, avaló la constitucionalidad del mínimo de cuatro años de prisión para los delitos de comercialización de estupefacientes al menudeo, tal como lo sostiene la Fiscalía General de Córdoba en su apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSN).

De esta forma, el organismo rechazó lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, que consideró inconstitucional el monto de la pena, estableciendo el mínimo en tres años de cárcel.

Ahora, con este fallo a favor de la postura de los fiscales provinciales, se espera la resolución definitiva de la CSJN.

Cabe recordar que, por mayoría de votos, el TSJ declaró la inconstitucionalidad de la escala penal prevista por el artículo 5, inciso “c” (…) de la Ley Nº 23.737 en lo que respecta a la sanción privativa de la libertad, y estableció que la escala aplicable es de tres a 10 años de reclusión o prisión, en lugar de cuatro a 15 años, que fue declarada inválida.

En la parte final de su extenso dictamen, el procurador general de la Nación considera que “el pronunciamiento impugnado (…) está fundado en una interpretación errónea de la reforma introducida por la Ley 26.052, y en una también equivocada hermenéutica del Derecho Constitucional que protege contra el castigo desproporcionado y cruel y asegura la igualdad ante la ley”.

“Por ello, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general de la Provincia de Córdoba y revocar la sentencia impugnada en cuanto fue materia de apelación”, concluye Casal.