Urgente: desendeudamiento

Escribe: Julio Rodríguez Villafañe*
ESPECIAL PARA EL DIARIO

Durante la dictadura de 1976 a 1983 se dio un gran mecanismo de fraude en contra de los intereses del pueblo argentino. La modalidad defraudadora permitía, con un seguro de cambio, que una empresa se endeudara en el exterior a un tipo de cambio fijo y cuando la empresa debía pagar su deuda, si el dólar había subido de precio, el Estado se hacía cargo de la diferencia. Las empresas tomaban dólares cuando valían $5 y el Estado debía pagar cuando valían $45, o sea, la empresa privada le abonaba $5 pesos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y este ponía $40 más y pagaba en dólares fuera del país, que debían las empresas que se subsidiaban. 

Luego se sumó la Circular A 251 del BCRA, de fecha 17/11/1982, conocida como estatización de la deuda privada, mediante la cual los vencimientos de deuda en dólares contra entidades en otros países, tomados por empresas privadas argentinas, fueron abonados en dólares por el BCRA y las empresas solo pagaban en pesos al Estado nacional el importe de la suma en dólares. 

El perjuicio fue calculado, en 1983, en USD 23.000 millones, equivalente a más de la mitad de la deuda externa de esos años.

Las corporaciones más destacadas que se beneficiaron de esta medida incluyen a: Grupo Macri (a través de sus empresas Socma y Fiat-Sevel), Acindar (Siderúrgica liderada por José Alfredo Martínez de Hoz), Loma Negra (empresa cementera de la familia Fortabat), Techint (grupo industrial de la familia Rocca), Pérez Companc, Pescarmona, Fiat, Ford, IBM y entidades financieras como el Banco Río, Banco Francés, Citibank y Banco Supervielle, entre otras empresas o grupos económicos.

En auditorías posteriores se comprobó que la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas, y que asumió el Estado, eran autopréstamos de las mismas empresas, entre la sede en el exterior y la sede en el país.

Milei y los bonos BoPreal en favor de importadores

En diciembre de 2023, mediante la Comunicación "A" 7918 del BCRA, el Gobierno de Milei repitió una lógica estructuralmente análoga a la antes referida. Se emitieron BoPreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) para hacer frente a la deuda de los importadores. Los importadores acumularon una deuda comercial con proveedores extranjeros por más de USD 11.000 millones. El BCRA permitió a estas empresas suscribir bonos en pesos equivalente a sus compromisos en dólares en el exterior. O sea, el Estado recibía el monto en pesos de la deuda y asumía la obligación de pagar en dólares las deudas originadas entre privados por importaciones. El 54% de esa deuda era proveniente también de autopréstamos. El mismo grupo económico se prestaba a sí mismo entre su filial argentina y su casa matriz en el exterior.

¿Y la deuda de los vulnerables?

La paradoja se da en que el Estado argentino estatizó deuda privada de los poderosos y pagó sus enormes deudas, muchas fraudulentas, pero, simultáneamente, no ha hecho lo suficiente por los vulnerables, con motivo de sus deudas en alimentos, medicamentos esenciales y sus gastos básicos para una vida digna. Hay que tener presente que el endeudamiento masivo en lo elemental de grandes grupos vulnerables no fue, ni es, un fenómeno espontáneo, es el resultado directo y previsible de políticas concretas del actual Gobierno de Javier Milei. Esta gestión generó un gran desempleo y, a su vez, licuó los ingresos reales (jubilaciones y salarios).

Además, se redujeron muchas ayudas alimentarias y la provisión de medicamentos; se eliminaron las regulaciones del BCRA sobre los créditos al consumo y se liberaron las tasas de interés en las tarjetas que, en su financiación de deudas, llegaron a cobrar una tasa nominal anual de 200%. Lo que representa, aproximadamente, una tasa del 16,66% mensual, que es verdaderamente usuraria. O sea, por cada $100 prestados, se paga $200 solo de interés, si se lo devolviera en un año, además, hay que agregar el costo financiero total, que a lo adeudado se suman los impuestos y gastos administrativos.

Hoy, una familia tipo necesita un ingreso mensual de $1.469.768 para no caer por debajo de la “línea de pobreza”. Y $658.011 es la “línea de la indigencia”, y a quienes no superan esta cantidad no les alcanza para cubrir lo más elemental.

Reparemos en ese aspecto, que el monto de la jubilación mínima en Argentina, en este momento, es de $481.787 mensuales con el bono, inaceptablemente por debajo de la línea de la indigencia, y además existen 1,7 millones de argentinos desempleados.

Economía que mata

El Papa Francisco, en la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, de 2013, señala directamente la "economía que mata", para referirse a un modelo que prioriza las ganancias financieras por encima de la vida humana, generando desigualdad y exclusión social de los más vulnerables, que son marginados y descartados por no ser considerados útiles para el sistema, ya que ellos no pueden consumir. El Papa Francisco atacó la sumisión absoluta a los mecanismos del mercado y a la especulación financiera, y afirmó que ello lleva a una actitud de indiferencia cuando una persona muere de frío en la calle, pero causa mucha alarma una leve caída en la bolsa de valores.

El artículo 14 bis garantiza salarios dignos que aseguren una existencia digna, pero el Gobierno de Milei, simultáneamente, genera desempleo, comprime salarios y solo permite su actualización por debajo de la inflación, en una actitud estatal cruel.

El principio de solidaridad y la cláusula del bienestar general del Preámbulo imponen al Estado redistribuir cargas sociales. El derecho a la alimentación, salud y dignidad es superior a cualquier obligación contractual. Una deuda contraída para ejercer ese derecho básico merece tratamiento jurídico diferente.

No hay razón jurídica ni ética para atender distinto a las personas endeudadas para comer, comprar medicinas o acceder a aspectos esenciales para la dignidad humana, que al empresario endeudado y que fugó divisas.

El mandato constitucional de la justicia social no permite proteger el capital especulativo financiero fraudulento e ignorar la pobreza inducida por el sistema económico.

Las deudas contraídas por sectores vulnerables por gastos de naturaleza esencial presentan una tensión constitucional clara: por un lado, los reclamos de los acreedores, muchos de ellos ilegales por usurarios; y por el otro, el derecho a la alimentación, a la salud y a la dignidad humana, que el Estado tiene obligación de garantizar progresivamente (arts. 14 bis, 33, 42, 75 inc. 22 Const. Nac., “Declaración Universal de Derechos Humanos” -art.1-; “Pacto de San José de Costa Rica” -art. 11- y art. 51 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina).

Ley de emergencia por deudas esenciales

Habría que declarar la emergencia por deudas esenciales, por la cual el Estado pagaría al acreedor (bancos, distintas tarjetas, mecanismos de pago virtuales y servicios), con los ajustes equitativos necesarios, lo adeudado por los vulnerables. A su vez, a las deudas, estas últimas de carácter esencial (comida, salud, servicios y otros), asumidas por el Estado, este tendrá, conforme cada caso, que perdonar las mismas o cobrarlas bien reducidas, sin intereses -o muy bajos- y plazos ampliados de pago.

* Abogado constitucionalista y periodista.