Cuando la realidad choca con la ideología

Escriben: Nahúm Mirad y José Fernández*

Quizá pasó desapercibido para la opinión pública, pero no debería. En la 62ª sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU se cerró simbólica y políticamente el Año Internacional de las Cooperativas con un respaldo casi unánime al movimiento: la resolución “Las cooperativas en el desarrollo social” recibió 179 votos a favor. Solo tres países votaron en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina.

Ese dato, por sí solo, interpela. Y se vuelve inquietante cuando lo observamos con perspectiva: los tres países que rechazaron la resolución cuentan, cada uno a su modo, con sistemas cooperativos desarrollados y con tradiciones cooperativas profundamente arraigadas. La paradoja es tan clara como incómoda.

La resolución no proponía imposiciones ni modelos económicos dogmáticos, hacía exactamente lo contrario: reconocía a las cooperativas como empresas sostenibles, competitivas y eficientes, capaces de incidir en la inclusión económica, el desarrollo territorial y la cohesión social. El texto recupera experiencias acumuladas durante el Año Internacional y exhorta a los Estados a fortalecer marcos normativos, promover inclusión financiera, facilitar acceso a la vivienda y potenciar un desarrollo rural y urbano equilibrado mediante el modelo cooperativo.

Nada revolucionario. Nada que no ocurra, de hecho, en amplias regiones del planeta.

A escala global, el cooperativismo no es un actor marginal. Hay alrededor de tres millones de cooperativas que agrupan a más de 1.200 millones de personas y generan empleo directo para cientos de millones, una presencia estructural en sectores como la agricultura, los seguros, la banca, la energía y los servicios. Muchas cooperativas, además, muestran una resiliencia notable frente a crisis económicas: sostienen empleo, reinvierten excedentes en sus comunidades y preservan capacidades productivas locales. No por filantropía, sino por diseño: propiedad colectiva, control democrático y visión de largo plazo.

Con un argentino al frente

Ese entramado global se articula institucionalmente a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895. La ACI custodia la identidad cooperativa y coordina la acción de cooperativas de todos los continentes. Un dato para nada menor: su presidencia está a cargo de un argentino desde 2017, el cooperativista bonaerense Ariel Guarco, quien, además, lidera Cooperar, la Confederación Argentina de Cooperativas.

Argentina: entre la realidad concreta y el gesto político

Que Argentina haya votado en contra no es un tecnicismo diplomático. El cooperativismo argentino está entre los más extensos y dinámicos de la región: más de 15.000 cooperativas activas, alrededor de 18 millones de personas asociadas y una incidencia significativa en rubros centrales –servicios públicos, energía, vivienda, crédito, producción agropecuaria y trabajo– que, según estimaciones locales, representan una porción relevante del tejido productivo y social.

En vastas zonas del país las cooperativas son la única forma de acceso al agua, a la electricidad, a la conectividad o al empleo organizado. Son, literalmente, infraestructura social. Y, sin embargo, el voto negativo del Gobierno se inscribe en una lógica interna coherente con otras decisiones públicas recientes: intentos por minimizar la presencia del cooperativismo en la educación formal, propuestas de gravar a estas entidades sin reconocer su naturaleza jurídico-económica y una narrativa oficial que reduce su papel a una anécdota dentro del mercado.

El contraste es brutal: se rechaza en la esfera internacional aquello que, en la práctica cotidiana, sostiene a miles de comunidades dentro del país.

Esta medida de la política internacional del Gobierno argentino llega en un contexto en el que desde el oficialismo se impulsa una modificación de la legislación educativa que elimina la obligatoriedad de contenidos cooperativos y mutuales, actualmente contemplados en la Ley Federal de Educación.

También se propone incluir a estas organizaciones en el impuesto a las ganancias, cuando hoy están exentas al entenderse que no generan “ganancias”, sino excedentes repartibles: en las cooperativas esos excedentes ya tributan en cabeza de los asociados cuando corresponda, mientras que en las mutuales no existe distribución de excedentes.

Estados Unidos e Israel: cooperativismo puertas adentro

La contradicción se amplifica al mirar a los otros dos países que dijeron “no”.

En Estados Unidos el cooperativismo es un pilar silencioso, pero decisivo: se calcula que unos 150 millones de personas integran cooperativas de crédito, cooperativas eléctricas que abastecen zonas rurales y grandes organizaciones agrícolas y de consumo que operan bajo principios cooperativos. Rechazar una resolución que apenas reconoce ese aporte resulta, cuando menos, difícil de conciliar con la realidad económica interna.

Israel, por su parte, ofrece un caso histórico emblemático: kibutzim y moshavim fueron fundamentales en la construcción del Estado y en la organización del trabajo agrícola; la tradición sindical-cooperativa, impulsada por la Histadrut formó parte del entramado fundacional. Allí, el cooperativismo no es un apunte historiográfico: es tejido constitutivo de su identidad económica y política.

El rechazo conjunto plantea preguntas incómodas. ¿Es una objeción técnica? ¿Responde a una resistencia ideológica frente a referencias multilaterales sobre desarrollo social? ¿O hay, simplemente, un alineamiento automático que desconoce realidades nacionales concretas?

En Argentina la balanza parece inclinarse por una decisión política que prioriza coherencias ideológicas abstractas por sobre los hechos. El costo no siempre es económico e inmediato, pero sí es simbólico, institucional y estratégico.

El desafío: reconocer lo que ya existe

Mientras tanto, hay señales en sentido contrario dentro del país. La provincia de Córdoba, por ejemplo, consolidó un Ministerio de Cooperativas y Mutuales que reconoce al sector como actor económico y social estratégico, articulando políticas públicas y otorgándole jerarquía institucional.

Ese camino muestra cuál debería ser el verdadero desafío nacional: entender al cooperativismo no como una excepción a tolerar, sino como una política de Estado para el desarrollo. No como reliquia del pasado, sino como herramienta vigente para enfrentar desigualdad, desarraigo y crisis productiva.

El Año Internacional de las Cooperativas cerró con un consenso global casi absoluto. Que Argentina –y otros– hayan optado por la negación no elimina la evidencia: millones de personas, dentro y fuera del país, continúan demostrando que otra forma de organizar la economía no solo es posible, sino necesaria.

La historia, como suele ocurrir, tiene memoria. Probablemente, termine juzgando con más rigor a quienes negaron lo que estaba frente a sus ojos que a quienes, desde abajo y con trabajo cotidiano, decidieron construir alternativas.

(*) Integrantes de la Fundación Cooperativista y Mutualista Suramericana