Por la imprescindible pluralidad de voces

El pasado 21 de julio, la comunidad villamariense en especial y los trabajadores de prensa de toda la provincia recibimos la conmocionante noticia de dos despidos de compañeras de los medios Villa María Ya y Radio Ya, producidos tras la publicación de una crónica -luego levantada- que adelantaba la imputación al intendente en uso de licencia, Martín Gill, por la violación del artículo 205 del Código Penal, que castiga a quien incumpla las medidas dispuestas para evitar la propagación de una epidemia, medida notificada posteriormente por la Fiscalía de Juliana Companys.

Los despidos primero verbales y luego efectivizados no sólo constituyen un atentado al trabajo y la violación de las normativas laborales vigentes, sino que desnudan grotescamente la presión del poder político de turno sobre un medio de comunicación, lo que en la actividad de prensa señalamos como “el disciplinamiento del discurso” a partir del uso discrecional de la pauta del Estado y la publicidad indirecta atada a la misma.

No sólo los trabajadores perdimos dos fuentes de trabajo, sino que se puso en juego la libertad de expresión consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

No es la primera vez que suceden estas afrentas en la ciudad de Villa María, donde la distribución inequitativa de la pauta oficial hasta la intromisión de gobernantes en las empresas de comunicación, ha contribuido a menoscabar la pluralidad informativa, que muchos comunicadores y medios aun defienden.

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Córdoba junto a los abajo firmantes solicitamos la urgente reincorporación de las periodistas injustamente despedidas en un contexto de emergencia ocupacional agravada por la pandemia y exigimos a los poderes del Estado y a la Justicia que arbitren las medidas necesarias para garantizar la pluralidad de voces, imprescindible para el sostenimiento y la profundización de la democracia.

Estamos convencidxs de que el derecho a la comunicación es para todes, que debe ser inclusivo porque es un derecho humano no sólo individual, sino social.

Las comunidades bien informadas toman mejores decisiones, por eso no sólo los trabajadores de la comunicación, sino la sociedad en su conjunto debe defenderse de los intentos de blindaje mediático.

Quienes adhieran a esta carta, que se difundirá a través de diferentes medios y plataformas, pueden escribir a: administracioncispren@gmail.com