“Estamos frente a un gobierno ilegítimo, apoyado por la mayoría oficialista”

Señor director:

Desde días recientes, la ciudad de Villa María está experimentando otro atropello legal respecto a la violación de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal.

Es que, tras días de ser electo intendente, Martín Gill solicitó licencia para desempeñarse como secretario de Estado en el Gobierno nacional, habiéndola obtenido con el voto de los concejales oficialistas en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad por 179 días, y expirado dicho plazo hace unos días, ha solicitado su prórroga, pedido que contó con siete votos afirmativos por parte del oficialismo, y con el voto negativo de los cinco concejales de la oposición.

Lo concreto es que, desde el 25 de junio de 2020, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa María está ocupado por un “intendente interino”. El intendente electo, ahora en funciones del gobierno nacional, quien se desempeñó solo por veinte días en el cargo de intendente para el que fue electo, no debería haber efectuado el pedido de prórroga.

Vayamos por partes. El artículo 91 de la Carta Orgánica Municipal establece lo siguiente: “El desempeño de cargos electivos en el Gobierno municipal es incompatible con: a) el ejercicio de funciones en el Gobierno nacional, provincial o municipal…”. A su vez, y para despejar todo tipo de dudas a este respecto, el artículo 94 reza: “Los miembros del Gobierno municipal que, por razones sobrevinientes a su elección, queden incursos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad de los artículos anteriores, cesarán inmediatamente en sus funciones”. En este sentido, las normas referidas son claras: le vedan a Martín Gill el desempeño simultáneo de su cargo de intendente y secretario de Estado y -al darse el supuesto de desempeño simultáneo, el alcanzado debe, como lo afirma el artículo 94, renunciar al cargo, y llamarse a elecciones en la forma prevista en la Carta Orgánica.

Agrava la situación descripta, el hecho de que Gill, a la fecha, ya se ha ausentado de su cargo de intendente por más de 180 días, al solicitar prórroga de la licencia, violándose con ello el artículo 125 de la Constitución villamariense, que establece que, cuando se suscita una ausencia en el cargo de más de 180 días corridos, se suscita acefalía, debiéndose convocar a elecciones para elegir nuevo intendente. Con lo expuesto no caben dudas: el intendente electo debería haber renunciado al cargo, y haberse seguido el procedimiento reglado constitucionalmente en Villa María, a saber, hacerse un nuevo llamado para elegir intendente, por lo que la aprobación oficialista del segundo pedido de licencia deviene manifiestamente ilegal, y de una gravedad institucional tal, que requiere la inmediata actuación judicial para regularizar la situación política de Villa María.

“...no es inocente”

El hecho de que se le concedió a Gill una nueva licencia de 180 días no es inocente. Por un lado, denota la intención de especular en cuanto el curso que tomarían sus gestiones el cargo nacional, al dejar abierta la posibilidad de retomar el cargo de intendente; por el otro, es altamente probable que Gill tenga la intención de hacer uso continuo de este mecanismo escalonado de pedidos de licencia, algo no ajustado a los motivos que instituyeron la figura de la licencia, lo que malversa y degrada los principios que supieron asentar en papel, los convencionales constituyentes de Villa María al momento de sancionarse la Carta Magna. Todas estas violaciones a la Constitución de la ciudad de Villa María nos llevan a concluir que estamos frente a un Gobierno ilegítimo, apoyado por la mayoría oficialista en nuestro Concejo Deliberante, sin sustento electivo.

Compartimos el criterio del presidente del comité de circuito de la Unión Cívica Radical de Villa María, Marcelo Barotto, quien dejó asentado en nota periodística la incompatibilidad de funciones de Martín Gill. Es evidente que el cuestionado intendente electo, con las violaciones citadas, pretende solamente capitalizar poder político, sin velar por los villamarienses.

Adherimos así también a lo expresado por el concejal Luis Caronni, también de la Unión Cívica Radical, quien afirmara en el recinto, que la cuestionada incompatibilidad e incumplimiento de deberes de funcionario público puede hacerlo a Gill responsable penalmente, y también, políticamente, habiéndose iniciado recientemente acciones que podrían conducir a la presentación de una denuncia penal o solicitud de juicio político.

Extraña por otro lado el silencio de concejales, partidos políticos, y representantes de las instituciones intermedias, como así también la falta de opinión de algunos medios de comunicación. Es necesario que la ciudadanía en general exprese su “horror” y rechazo por lo que se está viviendo en la ciudad.

Durante muchos años los argentinos hemos soportado gobiernos de facto, promovidos por la violencia y la falta de respeto a las leyes establecidas en la Constitución Nacional. Resulta que ahora, en plena vigencia de los mandatos democráticos, tenemos que sufrir esta insolencia legal, como si nada pasara, que no hace más que degradar nuestra institucionalidad, y hundirnos más en la anomia y la decadencia republicana. No debemos, no podemos, permitir que maten la democracia. Luchemos para volver a la normalidad que dicta la Carta Orgánica, único seguro de Convivencia Pacífica. Y a quienes nos gobiernan les decimos: “No mientan más; no inventen nuevas argucias para seguir en el poder”.

Será muy doloroso reconstruir lo que hacen los políticos de la mayoría de la Intendencia. Es muy penoso quedarnos en silencio. ¡Si algo enseña la democracia es la participación! ¡De nosotros depende no dejarnos robar, no dejarnos sobornar, permitir los engaños!

Señor comisionado de Villa María: ¡la prórroga de la licencia es ilegal. ¡Convoque a elecciones para votar como bien expresa la Carta Orgánica!