Los lectores también escriben

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó en estos días una entrevista en la Radio FM La Patriada. Allí afirmó algo que me llamó la atención, pero que percibo desde hace tiempo. “Me equivoqué con el tema de Vicentin (...) Pensé que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima. Pero no pasó, todos se pusieron a acusarme de cosas horribles”,  dijo Fernández.

Ante esto, quiero decir lo siguiente: fuimos muchos (incluyendo a los trabajadores de la empresa) los que respaldamos con entusiasmo la intervención y el proyecto de expropiación de la agroexportadora Vicentin. Pero al parecer el presidente no se percató de eso. Por lo que afirma, ha centrado su atención solo en sus críticos. Como se aprecia en la cita, afirmó que “todos se pusieron a acusarme de cosas horribles”, desconociendo lo que piensa una parte no menor de la ciudadanía que aplaudió con énfasis la medida, pero que, por un sentido elemental de responsabilidad ciudadana ante el contexto sanitario, no materializó ese apoyo en las calles. 

Da la impresión de que para el presidente no es relevante la opinión de aquellos ciudadanos que soñamos y pensamos en un país con un Estado económicamente fuerte y socialmente presente; como estamos más o menos politizados, entonces nuestra opinión no cuenta como parte de la opinión ciudadana.

Pareciera que no fuesen de interés para el presidente las creencias que defendemos aquellos que integramos un porcentaje no menor de la ciudadanía, y que constituimos la mayor parte de su base electoral, la misma que lo llevó a la Presidencia. Tengo la desagradable impresión de que este Gobierno se obsesionó tanto por lograr el aval de aquellos que lo detestan, que se olvidó de que quienes lo apoyamos no somos solo aplaudidores, sino también ciudadanos. 

Claro: somos los convencidos, con nosotros está todo bien... tan bien, que pareciera que importa nada lo que pensemos u opinemos. Quiero ser honesto: es esa percepción la que me ha hecho explotar del hartazgo.

Estaremos más o menos politizados, tendremos una opinión más o menos formada, pero cualquiera sea el caso, también somos ciudadanos y tenemos derecho a ser escuchados.

Y, fundamentalmente, tenemos derecho a no vivir como rehenes de lo que piensen, digan o hagan unos cuantos desquiciados anarquistas, defensores del más absurdo antiestatismo, promotores del desorden, en fin, unos cuantos miles de ignorantes estallados en odio, prejuicios y egoísmo, que reclaman lo absurdo: vivir en esa jungla de libertinaje anarcoindividualista del “yo hago lo que se me canta”.

Una horda de alborotadores que, balbuceando incoherencias, salen irresponsablemente a amontonarse en las calles en pleno ascenso de la curva de contagios de COVID-19, llevándose absolutamente todo por delante, incluyendo el enorme esfuerzo y sacrificio colectivo que la mayoría de los ciudadanos de bien venimos haciendo por respetar el aislamiento para no agravar la situación sanitaria.

Esta gente reclama “libertad" y la verdad es que no lo entiendo: literalmente dicen y hacen lo que se les canta...y el Gobierno parece hasta concederles ese privilegio. 

Ya no bastó con organizar marchas ignorando olímpicamente el aislamiento social obligatorio. Ahora también golpean a periodistas.

¿Pero entonces cuál es el límite? ¡¿Tienen que matar a alguien para que la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, actué?! Fueron esos salvajes los que el pasado 9 de Julio salieron a amontonarse en el Obelisco con un grado de prepotencia tal que casi linchan brutalmente a golpes a dos periodistas ante la ausencia de la fuerza pública.

Y sí. Como ciudadano, estoy espantado de miedo. Tengo miedo de verdad. Percibo un Gobierno permisivo e ingenuo que, en plena pandemia, tiró la toalla en lo que refiere a defender el orden público. Este Gobierno ha dejado indefenso al ciudadano responsable, al ciudadano de bien, y lo ha dejado a la merced de una banda de violentos, inadaptados, anarquistas anti-Estado, que enardecidos por el odio no son capaces de tener un mínimo de racionalidad ante semejante situación económica, social y sanitaria. Sin embargo, parecen marcarle la agenda a un presidente que se muestra débil e impotente ante ellos.

Dio miedo, y da miedo, porque lo que presenciamos el pasado 9 de Julio fue lisa y llanamente tierra de nadie. Y nadie dice nada, y nadie hizo y hace nada. Pero lo que asusta aún más es la insólita ingenuidad de un Gobierno que no comprende que cuanto más permisivo sea con esa minoría desencajada, habilita que los actos de violencia inherentes sean cada vez más pronunciados ante la ausencia de límite alguno.

La misma ingenuidad de un presidente que piensa que por llamar “amigo” a fulanito que pertenece a Juntos por el Cambio, o que por mostrarse en un acto al lado de menganito que integra la Sociedad Rural Argentina, podrá calmar a esa fiera. Prueba cristalina de esa ingenuidad es lo que el propio presidente afirmó, que pensó “que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima”. La realidad política, económica, y social es un poquito más compleja y dialéctica.

Hasta ahora, mucho diálogo, mucha rosca, mucha reunión. Pero cuando una minoría, que se cree privilegiada, se muestra reacia a acatar las más elementales normas de convivencia política y ciudadana, no es momento de dialogar: es el momento de imponer, e imponer con fuerza, firmeza y, sobre todo, rigor. 

Esta es una crítica de alguien que apoya vehemente al Gobierno. Pero que también es un ciudadano que tiene derecho a vivir en un país civilizado. No por apoyar a un gobierno voy a resignarme a vivir en el libertinaje y el caos que promueven y causan los odiadores de siempre, alentados por las rancias y poderosas corporaciones privadas que han hundido a este país en el subdesarrollo, el atraso y la pobreza.

 Ernesto Bertoglio - DNI 36.793.900