Luces y sombras del Consejo de la Magistratura a 25 años de la reforma

Escribe Marcelo Bee Sellares (*)

Desde su puesta en funcionamiento, entre concursos concluidos y en trámite se llevaron a cabo hasta la fecha más de cuatrocientos concursos, con novecientas cuarenta y seis ternas remitidas al Poder Ejecutivo.

La reforma constitucional del 94, introdujo un nuevo instituto en la vida política institucional de nuestro país que lo llamó Consejo de la Magistratura. Los constituyentes persiguieron dos grandes objetivos lograr un equilibrio de poderes y atenuar el presidencialismo en nuestro país, objetivo que en los hechos se cumplió a medias.

Las leyes 24.937 y 24.939, dieron origen al Consejo de la Magistratura,  como organismo permanente y auxiliar del Poder Judicial, de funciones administrativas. El 17 de noviembre 1998 se dictó la primera resolución  y de esta forma, aquella primera integración daba inicio a este organismo constitucional republicano y federal, que tuvo la firme convicción de modificar y suprimir el viejo sistema de designación de magistrados que era de corte netamente político, pasando a un nuevo sistema técnico a través de un concurso público de antecedentes y oposición, basado en un principio de idoneidad para ocupar los cargos públicos tal como lo consagra nuestra Constitución.

Inicios

En sus inicios, el camino estuvo plagado de cortocircuitos con nuestra Corte. Estas tensiones y diferencias en sus funciones y atribuciones quedo zanjada a lo largo del tiempo con la acordada 4/2000, por la cual la Corte resolvió que el Consejo de la Magistratura de la Nación no contaba con facultades reglamentarias en cuestiones de superintendencia. Entre otros motivos, la fundamentó en que la condición de suprema y cabeza del Poder Judicial  surge del propio texto sancionado en la Constitución de 1853 y 1860.  Las diferentes integraciones y estamentos a lo largo de la breve historia de este instituto,  sostuvieron la necesidad de garantizar el equilibrio del que nos habla el artículo 114. La modificación de la ley en el año 2006, alteró este principio y desde allí hasta nuestros días la integración actual con trece miembros cuenta con una mayoría que proviene del estamento político por sobre el estamento técnico (jueces, abogados y académicos) en una proporción de siete sobre trece miembros. 

En sus facultades constitucionales, en materia de selección de magistrados, entre concursos concluidos y en trámite, desde su puesta en funcionamiento se llevaron a cabo hasta la fecha más de cuatrocientos concursos, con novecientas cuarenta y seis ternas remitidas al Poder Ejecutivo, el que designó ochocientos magistrados, mediante este mecanismo constitucional introducido con la reforma.

En materia de vacancias, siguen existiendo necesidades por cubrir, aquellas que se van generando, sobre todo en el interior del país por las distancias entre los juzgados y las necesidades del justiciable. Aquí, es necesario observar que la demora en la designación de un magistrado se debe no solo al tiempo de duración del concurso sino también a demoras  “políticas” que se producen en el Senado de la Nación (en este momento se encuentran sesenta pliegos), a la espera de acuerdo y en el ámbito del Poder Ejecutivo veintisiete designaciones.

Juicios políticos y presupuesto

En disciplina y acusación, desde su creación y puesta en funcionamiento hubo treinta y seis juicios políticos de los que resultaron cinco absoluciones, dieciocho destituciones, once renuncias y dos archivos.

En materia presupuestaria, el Consejo tiene a su cargo la administración de los recursos del presupuesto del Poder Judicial de la Nación, que se conforman del equivalente al 3,5%  de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central, de los cuales  2,93%pertenecen al Consejo y el 0,57% a la Corte, en base a la ley de autarquía judicial.

Esta alícuota es insuficiente y  provoca dificultad, escasez y desbalance de recursos, frente a la cada vez mayor demanda social de reconocimiento y expansión de derechos.

Los gastos corrientes (salarios, insumos) y de infraestructura judicial crecen (el Poder Judicial de la Nación cuenta  con doscientos treinta y siete inmuebles distribuidos en todo el país de los cuales casi un 40% los alquila) y se sustentan de una alícuota que se mantiene inalterable desde 1990.

Se avanzó en el control de la gestión judicial mediante la resolución 342/2016, que instauró como política institucional las auditorías permanentes y continuas en materia de los delitos vinculados con la corrupción y el narcotráfico, que le permite  a la sociedad por medio de un formato abierto y amigable www.consejoabierto.gov.ar  acceder a los resultados y conclusiones de las mismas en cumplimiento también a otro compromiso institucional que hace a la implementación como organismo obligado de la ley de acceso a la información pública.

Necesidades

Para el presente y futuro, queda la necesidad de debatir sobre reforma de la ley del Consejo, que nos permita cumplir con la manda constitucional del “equilibrio” en los estamentos. Avanzar con el expediente digital, para acercar a la Justicia al justiciable y poder brindar un mejor servicio de justicia, trabajar en las estadísticas judiciales como un instrumento que sirva para trazar políticas judiciales permanentes y perdurables en el tiempo, de rendición de cuentas a la sociedad sobre criterios de transparencia, planificación y desarrollo de políticas públicas de administración de justicia, profundizar el mapa judicial para acercar y brindar un mejor servicio de Justicia, sobre todo en el interior de nuestro país a una sociedad que  necesita recuperar y afianzar  la confianza como base y pilar de legitimidad de nuestro Poder Judicial 

LAS CIFRAS

36 JUICIOS POLITICOS - SON LOS REALIZADOS DESDE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO.

5 ABSOLUCIONES - SON LAS QUE HUBO EN LOS JUICIOS POLITICOS

* Abogado. Magíster en  Derecho Administrativo.