Libertad de expresión condicionada

Opinión - La situación de los diarios Escribe Miguel Julio Rodríguez Villafañe El 27 de septiembre de 1978, en la localidad bonaerense de San Pedro, comenzó a funcionar Papel Prensa SA, la primera fábrica nacional para producir papel para medios escritos y celulosa. Dicha empresa es controlada en un 49% por el grupo Clarín, un 22% por el diario La Nación y un 27% por el Estado nacional. El emprendimiento tuvo diversas situaciones oscuras en la conformación y el funcionamiento. A su vez, en una dinámica patológica, la empresa papelera abastecía, en primer lugar, a los diarios de sus propios dueños (grupo Clarín y La Nación), a los que les cobraba un precio diferencial más beneficioso, respecto del que fijaba a los otros medios gráficos. Y a estos últimos, dado que el papel importado era más caro, no les quedaba otra opción de comprarle ellos, a Papel Prensa SA. También, la empresa imponía limitaciones en el abastecimiento, con lo que regulaba la competencia y el crecimiento de otros diarios, desde la provisión o no del papel necesario. Mientras tanto, no aumentaba la producción. Por ende, siempre había faltante para proveer, luego de la entrega sin límites a los grupos propietarios. En diciembre de 2011, la ley 26.736 declaró “de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”. En función de ello, se garantizó “la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel” y obligó a la compañía a fijar un precio único para todos sus clientes, con independencia de la cantidad de bobinas de papel que se comprara. O sea, igualdad de precio y condiciones a los grandes clientes como a los pequeños diarios. Además, se obligó a Papel Prensa SA a incrementar su producción. Sin embargo, en enero de este año 2019, hubo un gran retroceso en lo logrado, ya que entró en vigencia la norma que desregula la venta y producción de Papel Prensa SA. El texto promulgado, deroga ocho artículos de la Ley 26.736, y permite fijar libremente el precio del papel de diario y relevó a la empresa, tanto de la obligación de garantizar el abastecimiento del mercado local como de hacer público su precio. Además, la nueva regulación dispuso que Papel Prensa SA “podrá ofrecer descuentos, beneficios y/o promociones sobre el precio de referencia en virtud del volumen de compra”, lo que otorga mayor beneficio a los grupos dueños y a los poderosos con capacidad adquisitiva. Por su parte, Papel Prensa SA   elevó y eleva los precios a su antojo. Muchos medios no pudieron ni pueden afrontar la corrida del precio del papel, que superó inclusive a la suba del dólar, con reajustes, que últimamente alcanzan casi a un 10% mensual. Todo ello ha condicionado (y condiciona) a muchos medios, que han tenido que dejar de ser semanales o quincenales, para realizar tiradas mensuales o se vieron obligados a mermar el número de páginas y, por ende, reducir la cantidad de los contenidos informativos que brindan. El Diario del centro del país, de Villa María -editado desde 2001 por la Cooperativa de Trabajo Comunicar-, ha sostenido en sus páginas que lo antes referido afecta a su medio y a otros de la provincia de Córdoba, como a “Puntal en Río Cuarto, La Voz de San Justo en San Francisco, Tribuna en Río Tercero y muchos otros que intentan contar cada jornada lo que sucede en la sociedad a la cual pertenecen; dar a conocer los logros y marcar también las necesidades para contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes... En algunas localidades, como por ejemplo, Monte Maíz, Ucacha, Serrano y Alta Gracia, por citar algunos casos, se apagaron voces”. Situaciones similares ocurren en gran parte del territorio nacional con publicaciones cooperativas, mutuales, comerciales y de organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, El Correo, de Firmat, en la Provincia de Santa Fe, de 104 años de existencia, está siendo sostenido por una cooperativa conformada por sus trabajadores, para no desaparecer. Paradójicamente, el presidente Mauricio Macri sostiene que ahora el país “tiene la más amplia libertad de prensa de su historia”. La afirmación no se corresponde con la realidad, ya que el Gobierno protege, en los hechos, solo a los medios poderosos, concentrados y monopólicos. Resulta inaceptable la disposición adoptada de liberar el precio de la bobina de papel que produce Papel Prensa SA, atentos ser ese un producto de interés público. En particular, si se tiene en cuenta que parte de la empresa es de propiedad de todos los argentinos, ya que la Nación posee, como se ha dicho, casi la tercera parte del capital ¿Cómo puede ser entonces que el Estado nacional lucre y pretenda obtener más ganancia en la empresa, en contra de lo dispuesto legalmente en el tema? Repárese que, la Ley 25.750 de 2003, de “Preservación de bienes y patrimonios culturales” estableció, que “el Estado nacional preservará especialmente… a Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general”, (arts. 1 y 3). Resulta urgente que el Estado nacional cumpla la ley y a su vez, destine los beneficios de su participación de Papel Prensa SA o lo que fuere necesario, para garantizar la prensa gráfica, que no son del grupo dueño de la empresa y volver a la normatividad derogada. No se puede permitir que, poco a poco, se vaya haciendo desaparecer más voces. *Abogado constitucionalista, exjuez federal