CRISTINA KIRCHNER
Ante la ONU para que se revise su sentencia
Los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizaron una presentación ante Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de lograr una revisión integral de la Causa Vialidad.
La medida, adelantada por la Agencia Noticias Argentinas (NA), busca que el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional analice el expediente y deje sin efecto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la exmandataria, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara de forma unánime su condena a seis años de prisión.
El equipo de letrados —integrado por el argentino Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego— denunció que durante las etapas de instrucción y debate en los tribunales federales se vulneraron derechos fundamentales de su defendida, por lo que buscan que la denuncia internacional sea admitida formalmente y tratada durante la próxima sesión del Comité en octubre.
Este órgano, con sede en Ginebra, Suiza, está compuesto por 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; aunque sus decisiones no poseen carácter vinculante obligatorio para los Estados, conllevan un fuerte peso institucional y político a nivel global.
Las nuevas pruebas
La presentación ante las Naciones Unidas se fundamentó en una serie de nuevos peritajes financieros que los abogados expusieron públicamente durante una conferencia de prensa. Según lo manifestado por el doctor Beraldi, “encontraron una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el período de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”. Bajo esta nueva lectura, los representantes legales afirmaron que “ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez”.
Aseguraron, además, que en el ranking general de contratistas del Estado las firmas de Báez se ubicaban en puestos relegados, mientras que las corporaciones viales asentadas en los primeros lugares no guardaban ninguna vinculación con la administración nacional de ese período, argumentos que ahora forman parte del litigio en el fuero internacional.
