Presuntas irregularidades y sobreprecios de hasta el 1.900%

Informes técnicos remitidos a la Justicia Federal detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos realizadas por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Los documentos, aportados por el Ministerio de Salud de la Nación y el actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, revelaron un esquema que incluye sobrefacturaciones, desvíos de precios de referencia y falsificación de documentación pública para simular entregas de elementos que nunca llegaron a los beneficiarios.

Uno de los hechos incorporados a la causa detalla el caso de un paciente oriundo de la provincia de Río Negro que requería una prótesis por una amputación. En los registros oficiales de la ex-Andis el elemento figuraba formalmente como despachado y recibido, respaldado por un remito que contenía la firma de la madre del beneficiario; sin embargo, al consultar directamente a los particulares se constató que la prótesis jamás fue entregada y que la rúbrica de la mujer habría sido obtenida mediante una “inducción al error” durante la toma de medidas corporales.

En el plano financiero, las pericias arrojaron diferencias de precios de hasta un 1972 % en comparación con compras idénticas gestionadas por otras dependencias del Estado. Entre los ejemplos citados en el expediente se destaca la adquisición a la firma Farma Salud de válvulas bicavales transcatéter por un valor de 425 millones de pesos, mientras que el PAMI había adjudicado pocos meses antes un sistema técnico similar por apenas 124,2 millones de pesos. Asimismo, se detectó un sobreprecio del 711% en una válvula pulmonar y valores llamativos en implantes cocleares abonados a Droguería Floresta a un promedio de 62.613 dólares por unidad.

El relevamiento también puso bajo la lupa el procesamiento de las erogaciones corrientes, detectando una factura de la proveedora Indecomm por un monto de 28,7 millones de pesos que fue abonada dos veces por las autoridades de la agencia. A esto se le suman descalces del 219 % en la compra de neuroestimuladores, errores de categorización de productos y una preferencia por la importación de insumos extranjeros que presentaban brechas de cotización de entre el 300 % y el 1.000 % por encima de las alternativas nacionales, material que ya forma parte de la investigación en curso.