Expodrán en el Congreso sobre la crisis del?Sistema de Discapacidad
En medio de la presión opositora, la Comisión de Discapacidad del?Congreso realizará hoy una reunión informativa con la presencia del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y de otros dos funcionarios del área para dar cuenta de las medidas implementadas a fin de revertir la crisis del sector.
Con la oposición al acecho tras el anuncio de una sesión para el 9 de septiembre con la emergencia en discapacidad como uno de los pilares del temario, el cuerpo que preside el libertario Gerardo Huesen se reunirá esta tarde, desde las 16, para escuchar a la máxima autoridad del área, al subsecretario de Política de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y al subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.
Mientras una confluencia de bloques opositores presiona para llevar al recinto la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad (que el Poder Ejecutivo se resiste a aplicar en su totalidad con justificaciones fiscales), el oficialismo busca frustrar el quórum de dicha sesión y centra su estrategia en mostrarle a los “dialoguistas” la buena predisposición del Gobierno para diagnosticar en el Parlamento el cuadro de situación y las supuestas mejoras implementadas en el sistema.
El panorama en el área de discapacitados está marcado por la suspensión de prestaciones de obras sociales, prepagas y profesionales por la interrupción en la cadena de pagos, la baja de pensiones por invalidez y la falta de actualización de los aranceles acorde al aumento del costo de vida.
Por un lado, los valores del nomenclador para abonar terapias, transporte y centros educativos quedaron muy atrasados frente a la inflación acumulada.
El Gobierno actualiza el Nomenclador de Prestaciones Básicas con aumentos mínimos y los valores de los aranceles quedaron completamente desactualizados respecto al costo real de vida, lo que vuelve inviables servicios críticos como el transporte adaptado o los centros de día.
Además, las obras sociales y prepagas denuncian interrupciones en la transferencia de fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que corta la cadena de pagos a los profesionales.
Como consecuencia, los profesionales (psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y centros terapéuticos) sufren deudas crónicas y han llegado a suspender tratamientos de forma masiva debido a que “trabajan, pero no cobran”.
Otro foco de conflictividad tiene que ver con el recorte masivo y freno a las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral.
Bajo la premisa de revisar el otorgamiento de beneficios, el Gobierno dio de baja más de 110.000 PNC por invalidez laboral y mantiene en un “limbo” administrativo a más de 200.000 solicitudes nuevas. Además, se restableció la exigencia estricta de acreditar un 66% de invalidez laboral para acceder o conservar la pensión.
El Poder Ejecutivo argumenta que el sistema previo “estaba plagado de irregularidades, corrupción y pensiones otorgadas sin los requisitos correspondientes”, justificando las auditorías estrictas y un reempadronamiento para dar de baja beneficios mal asignados.
