Tras agotar las instancias de apelación en la Justicia argentina
La defensa de CFK recurrió a la ONU
Buscan suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos y revisar la condena que recibió en la causa Vialidad
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (foto) anunció este miércoles que acudió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar presuntas violaciones a sus garantías fundamentales durante el juzgamiento de la causa Vialidad.
Esta medida marca el comienzo de una nueva etapa en su estrategia legal, iniciada luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara de manera unánime su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación
En una conferencia de prensa en Buenos Aires, los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego detallaron los alcances de la presentación internacional.
El punto central de la estrategia incluye la solicitud de “una medida cautelar para suspender la inhabilitación que le impide competir en elecciones”, decisión que la defensa prevé que el organismo con sede en Ginebra evaluará en los próximos meses.
El planteo ante la ONU argumenta que en el proceso judicial local no se respetaron los principios del debido proceso, la imparcialidad del tribunal ni la debida valoración de las pruebas. Entre las objeciones presentadas señalan la realización de pericias técnicas acotadas, el rechazo a recusaciones de peritos y la tipificación de actos de gobierno como asociación ilícita.
El impacto jurídico local
Si bien las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes para la Argentina, la defensa jurídica pretende utilizar un eventual fallo favorable como fundamento legal ante la Cámara de Casación Penal para solicitar la revisión de la condena firme, basándose en la normativa procesal vigente.
Medios internacionales
A la par de la presentación técnica, la exmandataria publicó de forma simultánea una columna de opinión en los diarios europeos El País (España) y Libération (Francia).
En el escrito, sostuvo su inocencia y calificó su condena e inhabilitación como un intento de proscripción: “Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”. A su vez, denunció “arbitrariedades procesales” junto a “un ambiente de hostilidad” judicial.
