Advierten que la medida significaría la eliminación del organismo
El campo y la industria se unen contra el plan de Sturzenegger
Rechazaron el proyecto que busca volver voluntarios los aportes que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
En medio de un contexto complejo para el sector por la caída del consumo interno y el ingreso de carne del exterior, la Mesa de Enlace -integrada por la Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentina (CRA)- se unió a las cámaras de frigoríficos para manifestar un tajante rechazo a la reforma que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (foto), sobre el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
El plan oficial
La propuesta en la que trabaja el funcionario nacional busca eliminar la obligatoriedad de los aportes que hoy efectúan los productores (0,07% por animal a faena) y la industria (0,02%) para sostener al instituto, transformándolos en contribuciones voluntarias. Esta iniciativa, promovida por matarifes y pequeños productores, es calificada por las entidades agropecuarias e industriales como un “golpe letal que dejaría al organismo sin capacidad de funcionamiento”.
La postura del sector se hizo pública un día después de un almuerzo entre Sturzenegger, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y otros dirigentes del sector.
Defensa del esquema
A través de un comunicado conjunto, los representantes del campo y la industria subrayaron el “rol fundamental del IPCVA como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina”.
En ese sentido, remarcaron que “las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, al tiempo que recordaron que los principales países competidores en el mercado mundial de carne bovina cuentan con institutos de promoción similares.
Por otra parte, las entidades alertaron que modificar el actual esquema de funcionamiento pone en riesgo acuerdos comerciales, la apertura de nuevos mercados internacionales y la asistencia financiera que el IPCVA otorga a organismos sanitarios como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre el 3% y el 5% de su presupuesto anual.
“Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de todo el sector”, concluye el documento.
