Crece la presión contra Adorni

El peronismo en el Senado de la Nación aceleró a fondo para forzar la destitución del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien no presenta su informe de gestión ante la Cámara alta desde que asumió su cargo.

En la mañana de ayer, ingresó un proyecto de resolución respaldado por el bloque del Partido Justicialista (PJ) que exige la presencia del funcionario “en un plazo de 7 días”, frustrando la estrategia del ministro de postergar su visita para el mes de julio.

La iniciativa, firmada por los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich y Eduardo de Pedro, entre otros,  reclama, en su artículo 2, “establecer que la moción de censura (destitución) sea resuelta en la misma sesión”. La oposición tiene como meta tratar el proyecto en Labor Parlamentaria el miércoles 17 para llevarlo al recinto el jueves 18 de junio.

Asimismo, para habilitar el debate, requerirán de una mayoría de dos tercios, lo que obligará al peronismo a buscar el respaldo de los sectores dialoguistas.

Desde el PRO y la UCR

El descontento con la gestión y el patrimonio de Adorni generó un inusual frente unificado que incluye duros cuestionamientos de aliados clave.

Desde Propuesta Republicana (PRO), emitieron un tajante comunicado en redes sociales: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”. 

El titular del bloque, Martín Goerling, calificó la ausencia del ministro como una "falta grave", recordando que el último informe ante la Cámara Alta lo brindó Guillermo Francos en junio de 2025.

Por su parte, la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), liderada por Eduardo Vischi, advirtió que la situación es de “extrema gravedad” y que quien le miente al Congreso “no está en condiciones de conducir el Estado”.

La tensión escaló al propio seno del Poder Ejecutivo ya que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, tildó el accionar del Jefe de Gabinete como una “vergüenza”. En sus redes sociales, Villarruel apeló a la ironía al referirse a un “pendrive mágico” para poner en duda la justificación de los fondos de Adorni, al tiempo que le exigió formalmente cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional y presentarse este mes en el recinto.

Avance de causas penales

En el plano judicial, los frentes se multiplicaron para el funcionario.

Por un lado, los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, radicaron una denuncia penal por el presunto delito de falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal). tras las explicaciones públicas del ministro.

 Según Frade y Ferraro,  el funcionario reconoció que no había declarado determinados activos que poseía antes de ingresar a la función pública, entre ellos tenencias en criptomonedas y dinero en efectivo producto de una herencia. También señalaron que admitió omisiones vinculadas a propiedades inmobiliarias.

Por otro lado, la causa preexistente que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito sumó nuevos capítulos. Debido a que su declaración jurada alude a bitcoins adquiridos antes de convertirse en funcionario, el fiscal  Gerardo Pollicita evalúa extender el período de análisis hacia atrás en el tiempo y solicitar más medidas de prueba una vez que reciba la información patrimonial reservada. Para este análisis, la fiscalía cuenta con la colaboración de la DAFI, la unidad del Ministerio Público especializada en investigaciones económicas y financieras.

Asimismo, Adorni es investigado por el juez Ariel Lijo por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, quien lo alojó en Punta del Este luego de que el funcionario viajara en un avión privado.

El mismo juez Lijo tiene a su cargo otra investigación centrada en la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti, la esposa del ministro, por sus presuntos vínculos y contrataciones con tres compañías contratistas del Estado.

Bloques del interior

El malestar político también sumó el rechazo del bloque de Provincias Unidas. Los diputados nacionales cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora (Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo), junto con la senadora Alejandra Vigo y el exgobernador Juan Schiaretti, suscribieron una dura declaración afirmando que “Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete” y acusándolo de haberle mentido al “pubelo argentino y al Congreso”.

La prueba de fuego se trasladará a la Cámara de Diputados el próximo 23 de junio, fecha para la cual la oposición ha solicitado una sesión especial con el fin de debatir la situación patrimonial del ministro y avanzar en los mecanismos constitucionales de remoción.