TRAS RECHAZO DE BLOQUES ALIADOS
El oficialismo acuerda excluir reforma de la ley de Barrios Populares
En el Senado, La Libertad Avanza aceptó mantener la ley aprobada en el Gobierno de Mauricio Macri
La Libertad Avanza aceptará excluir del proyecto sobre propiedad privada, que está en el Senado, la reforma de la ley de Barrios Populares, que es resistida por los bloques aliados debido a que podía generar centenares de desalojos.
Con la exclusión de ese capítulo, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, busca consensuar sobre otro punto que genera rechazos, que es la anulación de las restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas
En cambio, se mantienen la propuesta sobre desalojos exprés, los cambios en la Ley del Manejo del Fuego y mayores restricciones sobre expropiaciones por parte del Estado.
El oficialismo intentará, en los primeros días de esta semana, cerrar un acuerdo con los bloques dialoguistas para poder ver si se puede firmar despacho de comisión entre miércoles y jueves, para poder tratar esa iniciativa en una sesión que podría concretarse el 14 de mayo.
La LLA tiene 21 votos, por lo cual necesita alcanzar acuerdos con los bloques aliados para alcanzar unos 37 votos para poder garantizarse una mayoría para sancionar las leyes.
En este contexto son claves los acuerdos que pueda celebrar con la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones, y los monobloques de Chubut, Salta, Tucumán, y Neuquén.
El oficialismo aceptó eliminar ese capítulo de reforma de la Ley 27.453, aprobada que buscó regularización de las viviendas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (Renabap),
Fuentes del oficialismo señalaron a la Agencia NA que pedirán que estas reformas se discutan en otra ley aparte, señalaron fuentes parlamentarias
Con esta ley se permitió implementar un régimen especial para regularizar el dominio de propiedad, suspender desalojos y fijar condiciones para acceder y usar los inmuebles en los barrios populares.
El Gobierno quería que esta tarea, que hoy está concentrada en el Estado nacional, se traslade a los municipios y provincias, y derogaba un punto central que era la suspensión de desalojos por 10 años, que podría traer un grave conflicto social si las familias perdían esas viviendas.
También se suprimía, en la reforma del Gobierno, el 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios y los artículos sobre expropiaciones.
El Gobierno señala que esa ley no logró cumplir su objetivo, ya que luego de 7 años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita.
