Avala la gestión, pero pone en dudas la reelección de Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a la segunda revisión del acuerdo de 48 meses del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) suscripto con la Argentina, habilitando un desembolso de aproximadamente USD 1.000 millones.

De todas maneras, el FMI volvió a poner el foco sobre las estadísticas oficiales argentinas y cuestionó la metodología con la que el INDEC mide la inflación. El organismo sostuvo concretamente que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se encuentra “desactualizado” y pidió avanzar en una nueva ley que garantice mayor independencia para el instituto estadístico.

En torno a la coyuntura política, el Fondo opina que “los recientes ajustes al régimen monetario y cambiario, junto con las compras constantes de divisas [...] dejarán a la economía mejor preparada para las elecciones de 2027”. Y amplía: “Las incertidumbres políticas previas a las elecciones presidenciales de 2027 podrían provocar fugas de capitales y ralentizar o revertir el impulso reformista, especialmente si se estanca el progreso en el fomento del empleo y los ingresos reales”.

El texto también advierte: “El bajo nivel de reservas líquidas de Argentina sigue planteando riesgos para su capacidad de pago, especialmente dadas las elevadas obligaciones de deuda a corto plazo y la posible volatilidad ante las elecciones presidenciales de 2027”.

La “implementación sostenida del programa de compra de divisas del Banco Central, junto con la continua flexibilidad del tipo de cambio”, dijo, es “esencial para reconstruir decisivamente las reservas externas”.

Para Ámbito Financiero, el verbo “decisivamente” no es casual: indica que el FMI considera que el ritmo actual de acumulación no alcanza y que el margen de maniobra frente a eventuales shocks externos sigue siendo estrecho.

“Argentina necesita volver a emitir deuda en los mercados globales en condiciones sostenibles. Mientras eso no ocurra, la fragilidad del frente externo continuará siendo considerado el principal factor de riesgo del programa”, reiteró el texto firmado por la presidenta del organismo, Kristalina Georgieva.

Entre las cuestiones políticas, el organismo pide “políticas específicas para fortalecer los vínculos transversales y permitir que los trabajadores y las empresas fuera de estos sectores y provincias de recursos naturales también se beneficien, especialmente en la prestación de servicios relacionados”.

Aun así, el Fondo observa que “podrían surgir dificultades en la implementación de políticas y fatiga reformista, sobre todo si la desinflación, el crecimiento y el empleo no se fortalecen antes de las elecciones presidenciales de 2027. Esto también podría plantear riesgos para la reputación, ya que el programa del Fondo podría percibirse como insensible a las condiciones sociales y laborales”.