Sindicato de Trabajadores Viales y Afines
El traspaso de rutas “las convierte en un negocio”
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) manifestó su rechazo al reciente Decreto 253/2026 del Gobierno, que estableció la cesión a nueve provincias del mantenimiento y los peajes de rutas nacionales que pasan por su territorio.
El gremio conducido por Graciela Aleñá, sostuvo que esta medida de “descentralización” en realidad se trata de “una precarización sobre las rutas no rentables y un avance hacia el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”.
El Decreto, publicado el jueves en el Boletín Oficial, estableció que la gestión nacional le delega a las Provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz “la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio”.
Como respuesta, el gremio Stvyara afirmó que esta medida “altera de raíz el sistema vial argentino, desconociendo el espíritu y la arquitectura del Decreto-Ley 505/58”, asegurando un “cambio de modelo” que rompe el esquema que establece que “la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo rector del sistema troncal, debe planificar, construir, conservar y administrar las rutas nacionales bajo un criterio integral, federal y solidario”.
Así, indicaron que “fragmenta la gestión, delega funciones centrales y convierte rutas en unidades de negocio”, mediante un comunicado.
Rutas premium y rutas olvidadas
En el mismo sentido, desde el sindicato aseguraron que “al sector privado solo le interesan las rutas rentables, es decir, aquellas con alto tránsito y capacidad de cobro de peaje”, por lo que si este esquema avanza “vas a tener rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas”, en un modelo de “desigualdad planificada”.
En consecuencia, afirmaron que “rompe el principio de igualdad territorial y atenta contra el desarrollo federal”.
