La demanda pasa al fuero Contencioso Administrativo
El juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa
El Gobierno confía en que este cambio permita revertir la anulación de 83 artículos de la norma
La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia clave que favorece la estrategia judicial de la Casa Rosada.
En su fallo, la magistrada determinó que la Justicia Nacional del Trabajo no es el ámbito pertinente para tratar la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral por lo que la causa pasará al fuero Contencioso Administrativo Federal, desplazando a los Tribunales laborales que habían frenado la aplicación de la norma.
Fundamentos legales
La resolución surge tras un pedido de inhibitoria por parte del Ministerio de Capital Humano, en representación del Estado nacional.
El argumento central, validado por la jueza, sostiene que al tratarse de una demanda que impugna la legalidad de actos estatales y reformas estructurales de alcance general, la competencia debe recaer en el fuero federal de derecho público.
Marra Giménez remarcó que permitir que la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires decida sobre la constitucionalidad de políticas nacionales alteraría el sistema federal.
Según el fallo, la pretensión de la central obrera no se limita a un conflicto de relación laboral individual, sino que ataca la validez de una ley nacional, lo que otorga competencia exclusiva al fuero Contencioso Administrativo Federal para revisar la legalidad de los actos del Estado.
El antecedente de la suspensión
La disputa de fondo tiene su origen a fines de marzo, cuando el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, resolvió suspender de manera provisoria 83 artículos de la ley tras una demanda de la CGT en la cual solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que, según el sindicato, alteran derechos individuales y colectivos.
Aquella medida cautelar fue dictada para evitar “daños irreparables” en los derechos de los trabajadores hasta que se determinara la validez constitucional de la reforma.
La demanda cuestiona puntos tales como la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, la flexibilización de las jornadas y vacaciones, la modificación de los mecanismos indemnizatorios y la limitación de la responsabilidad solidaria de los empleadores.
Asimismo, la central obrera denunció que la norma vulnera garantías fundamentales como la libertad sindical y el principio de no discriminación.
Impacto y expectativas oficiales
Con este cambio de jurisdicción, el Gobierno nacional confía en obtener una revisión favorable de la cautelar vigente.
El fallo de la jueza Marra Giménez, que se alinea con el dictamen fiscal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, establece un criterio restrictivo: los reclamos individuales de los trabajadores seguirán tramitándose en el fuero laboral, pero las acciones que busquen impugnar políticas públicas generales deberán resolverse en el fuero federal.
A partir de esta decisión, se ordenó al tribunal laboral remitir el expediente de forma inmediata. De persistir una negativa, el conflicto será elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, instancia que tendrá la última palabra sobre la vigencia de los artículos suspendidos de la reforma laboral.
