La CGT presentó un amparo judicial contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo ante la Justicia con el objetivo de frenar la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso de la Nación.

La acción judicial fue ingresada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, el mismo magistrado que en 2024 declaró inválida parte del decreto de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El planteo está firmado por el triunvirato que conduce la central sindical y por dirigentes de distintos gremios que integran la organización. La presentación se concretó luego de la movilización que la CGT realizó el lunes pasado hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde ya había anticipado la intención de recurrir a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la ley.

La iniciativa legislativa recibió sanción definitiva el viernes pasado en el Senado y aún resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, expresó ante la prensa Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la CGT.

En un comunicado difundido tras la presentación judicial, la central sindical sostuvo que su reclamo se fundamenta en una presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que poseen jerarquía constitucional en el país.

Según el documento, la reforma —que el gremialismo cuestiona como una “mal llamada modernización”— implicaría una afectación grave de derechos colectivos e individuales.

Desde la CGT señalaron que la normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que impide adoptar medidas que signifiquen retrocesos injustificados en materia de derechos laborales.

También advirtieron que se ve comprometido el principio protectorio del derecho laboral, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y busca equilibrar esa relación para evitar abusos.

En ese sentido, la organización sindical planteó que la reforma impacta sobre derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social.

Entre los puntos cuestionados, la central obrera mencionó la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de recargos por horas extras y la eventual reducción salarial.

Además, criticó la eliminación de sanciones a empleadores que incumplan con aportes previsionales y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas a través del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).