La Justicia ordena medidas para investigar su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó siete medidas de prueba en la causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La resolución, que recayó en el Juzgado de Ariel Lijo, surge tras la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito vinculada al nivel de vida del funcionario y el reciente viaje familiar a Uruguay en un avión privado.

Entre los requerimientos principales, la Fiscalía solicitó información detallada a los registros de la propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires para identificar bienes a nombre del matrimonio. Asimismo, se pidió a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) un informe sobre la titularidad de vehículos y créditos prendarios asociados a ambos.

Además, se busca conocer a nombre de quién figuran las expensas asociadas a la propiedad atribuida a Adorni en el Country Indio Cua Golf, partido de Exaltación de la Cruz, y cualquier información relativa a cuotas sociales, cuotas de ingreso, cargos extraordinarios, entre otros. Por otra parte, pretenden esclarecer la situación habitacional de Adorni en el barrio de Caballito, donde el funcionario admitió residir,  pero sin especificar si lo hace como inquilino o propietario.

Como parte del entrecruzamiento de datos, la Justicia pidió a la Oficina Anticorrupción el envío de todas las declaraciones juradas presentadas por el jefe de Gabinete. El objetivo es contrastar sus ingresos declarados con su modo de vida actual, para lo cual también se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones el registro completo de entradas y salidas del país del funcionario y su cónyuge.

Esta pesquisa avanza en simultáneo con otra línea de investigación centrada en el vuelo privado a Punta del Este realizado junto al periodista Marcelo Grandio. Según las declaraciones testimoniales recolectadas hasta el momento, el costo del traslado habría sido costeado íntegramente por Grandio, punto que la Justicia busca verificar para descartar posibles irregularidades en el financiamiento del viaje.