Comenzaron las audiencias públicas

La primera jornada de audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, iniciada este miércoles en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, se desarrolló en un clima de extrema tensión.

Tras más de diez horas de debate, la Sala 2 se vio desbordada por incidentes en los ingresos cuando agentes de seguridad impidieron el reingreso de expositores que habían salido momentáneamente para buscar alimento, entre ellos el abogado ambientalista Enrique Viale. La situación derivó en forcejeos y gritos de "queremos entrar", lo que obligó a la intervención de legisladores de la oposición para normalizar el acceso mediante el uso de pulseras identificatorias.

Las autoridades del plenario, los diputados oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz, implementaron un sistema de aforo estricto, exigiendo que quienes ya hubieran expuesto se retiraran para ceder su lugar. Sin embargo, la metodología fue cuestionada desde el inicio, ya que, de los más de 120 mil inscriptos, solo se habilitaron 200 oradores presenciales y 200 virtuales, desplazando al resto de los ciudadanos a participar únicamente mediante el envío de videos o escritos, lo que motivó pedidos de impugnación por restringir la participación ciudadana.

“Colados”

Hacia el final de la tarde, la oposición denunció la presencia de "colados" en la lista de expositores. Según los reclamos, La Libertad Avanza habría facilitado el ingreso de personas no inscriptas originalmente para defender la nueva legislación, como fue el caso de funcionarios del Ministerio de Minería de San Juan.

Estos incidentes provocaron que el debate se interrumpiera en varias ocasiones, llegando incluso a verse a la diputada Lucía Cámpora ocupando temporalmente el estrado en señal de protesta.

En cuanto al contenido de las ponencias, la provincia de San Juan fue la única voz a favor del proyecto. El ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández, defendió la reforma argumentando que la actividad minera no es la causa de los problemas hídricos en su provincia, atribuyéndolos, en cambio, a la falta de obras de infraestructura.

En contraste, figuras de peso como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la autora de la ley original, Marta Maffei, rechazaron tajantemente la modificación. Maffei calificó la audiencia de "farsa" y "profundamente ilegítima", advirtiendo que el proyecto aprobado por el Senado deroga claves de protección ambiental para permitir la discrecionalidad provincial sobre los recursos hídricos.

Judicialización

Organizaciones como Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) reclamaron medidas cautelares para garantizar la participación de todos los inscriptos, aunque la Justicia Federal ya rechazó algunos de estos amparos al considerar válido el procedimiento.

Andrés Nápoli, director de FARN, advirtió durante su exposición que la reforma no generará seguridad jurídica, sino que provocará "cientos de demandas" debido a su carácter regresivo respecto al Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.

Asimismo, advirtió: “El resultado va a ser una judicialización, porque se van a judicializar cuando las provincias eventualmente planteen que este glaciar no es sujeto de protección porque no es reserva estratégica de agua, y después, cuando se habilite el proyecto”. En la misma línea, criticó la urgencia política con la que se impulsa la reforma: “No estamos discutiendo ciencia, ni ambiente, ni minería. Estamos discutiendo política. Es una decisión política del Gobierno llevarla adelante”.

Mientras el debate técnico transcurría en el interior, organizaciones socioambientales y grupos de jubilados se manifestaron en las inmediaciones del Congreso, bajo un fuerte operativo de seguridad, con la intención de armar una audiencia paralela para poder escuchar la forma en la que los legisladores debaten sobre el proyecto de ley.

Hoy continúa el debate

La segunda jornada de audiencias tendrá lugar hoy, bajo una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones incorporadas al expediente en formato digital. En esta ocasión, una nueva tanda de 180 expositores tendrá cuatro minutos cada uno para presentar sus argumentos antes de que la comisión proceda con el dictamen del proyecto.