Tras la sentencia que declaró inconstitucional uno de los artículos en Córdoba
Apelarán el fallo contra la reforma laboral
El Ejecutivo busca una definición del máximo tribunal ante la expectativa de una judicialización masiva de la norma
El Gobierno nacional inició formalmente los trabajos para revertir el reciente fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave de la reforma laboral sancionada a fines de febrero.
A través de la Procuración del Tesoro, se prepara la presentación de un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la discusión sea elevada a la Corte Suprema de Justicia. Esta medida responde a la necesidad del oficialismo de ratificar la validez constitucional del artículo 55 de la nueva Ley de Modernización Laboral.
En Córdoba
La decisión se tomó luego de que la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, mediante una sentencia dictada el pasado 10 de marzo, invalidara el artículo 55 de la mencionada ley.
El juez Ricardo Gileta, actuando como tribunal unipersonal, consideró que la normativa introduce un trato desigual entre los trabajadores.
El punto cuestionado establece un mecanismo de actualización para juicios en trámite basado en la tasa pasiva del Banco Central, con un piso equivalente al 67% del nuevo sistema ajustado por inflación.
En los fundamentos del fallo cordobés, se sostuvo que esta diferenciación vulnera el principio de igualdad ante la ley, al aplicar condiciones distintas a trabajadores con créditos de naturaleza similar dependiendo del momento en que iniciaron su demanda.
Por este motivo, el magistrado dispuso dejar sin efecto la aplicación del artículo 55 en el caso concreto y ordenó que la deuda laboral se actualice según el mecanismo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ante esta resolución, la estrategia del Ejecutivo consiste en presentar el recurso ante la misma Cámara que dictó la sentencia, procedimiento necesario para que el tribunal decida si habilita el tratamiento del expediente en la Corte Suprema.
Desde la Casa Rosada anticipan que esta no será una acción aislada, sino parte de una defensa coordinada de la reforma laboral en todo el país.
Los equipos técnicos oficiales se encuentran organizando una estructura legal para responder a las distintas presentaciones judiciales que se esperan en el corto plazo.
Finalmente, en el entorno presidencial consideran que, si bien los litigios de alcance colectivo serán los más trascendentes para la aplicación general de la ley, la defensa se sostendrá en cada instancia procesal habilitada. El Gobierno da por sentada una etapa de judicialización intensa, similar a la de otras leyes de la gestión, y apuesta a que sea el máximo tribunal del país quien fije un criterio definitivo sobre la constitucionalidad de los artículos que hoy permanecen bajo cuestionamiento judicial.
