La polémica sobre la posibilidad de hacer emprendimientos en zonas protegidas
La Ley de Glaciares, ante un debate masivo
Hay más de 27 mil inscriptos en las audiencias públicas, y ahora la duda es cómo se organizarán las ponencias
La convocatoria para las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares ha superado cualquier expectativa del arco político. Con más de 27 mil personas anotadas para exponer sus posturas el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo, la Cámara de Diputados se ha visto obligada a recalibrar su cronograma de trabajo.
Originalmente, el oficialismo buscaba acelerar el tratamiento de las modificaciones propuestas para otorgar seguridad jurídica a sectores productivos, pero la magnitud de la respuesta ciudadana ha impuesto un freno de hecho a la velocidad legislativa.
Este mecanismo de consulta, coordinado por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, tiene como objetivo escuchar las voces de especialistas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos antes de avanzar hacia un dictamen.
El centro del conflicto
El eje de la discusión que movilizó a miles de personas radica en las definiciones técnicas que establece la Ley 26.639: el proyecto propone modificar el objeto protegido por la norma vigente, limitando la protección solo a los glaciares y geoformas periglaciales que funcionen como reservas estratégicas de recursos hídricos o sean fuentes de recarga de cuencas. De este modo, la nueva redacción reduce el alcance respecto de la ley original, que protegía de manera general todos los glaciares y ambientes periglaciales.
De ser aprobada la reforma, las provincias obtendrían mayor autonomía para identificar qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes sobre la base de estudios técnico-científicos propios, lo que les permitiría definir qué territorios resultan efectivamente protegidos por la ley.
Asimismo, aunque se mantiene la prohibición de actividades que alteren el estado natural de glaciares y ambientes periglaciales, la reforma establece un cambio en el criterio, ya que se reemplaza el sistema de prohibiciones absolutas por un enfoque fundado en impactos ambientales comprobables y evidencia técnica sobre el valor hídrico de cada área.
Mientras el oficialismo busca acelerar la aprobación de la norma, miembros de las propias comisiones reconocen la dificultad de cumplir los plazos ante el volumen de inscriptos.
Desde la oposición, en particular el bloque de Unión por la Patria, se reclama mayor transparencia y la publicación del listado de quienes solicitaron participar. “Hay una pestaña en la web de Diputados para inscribirse y en la misma se tiene que publicar el listado, el oficialismo no lo hace. Se lo pedimos por carta el pasado 6 de marzo, pero no tuvimos respuesta”, declaró a Infobae una fuente de dicho espacio.
Incertidumbre sobre las jornadas
La gran incógnita que atraviesa hoy a la Cámara de Diputados es cómo llevar adelante estas audiencias sin que el proceso se torne inabarcable. Si se otorgaran apenas unos minutos a cada uno de los más de 27 mil inscriptos, las jornadas de exposición podrían extenderse por meses. Por esta razón, las autoridades legislativas señalan que probablemente se solicitará que parte de las posiciones sean presentadas por escrito o video, aunque admiten que de todos modos deberán ampliarse las jornadas de debate.
