El Gobierno apeló el fallo judicial

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo tras la decisión del Ejecutivo de apelar el fallo judicial que consideró constitucional la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su aplicación.

Desde los gremios docentes, Emiliano Cagnacci (UBA) acusó al oficialismo de utilizar las instancias de apelación como una “decisión política para desobedecer al Poder Legislativo” y postergar la actualización de salarios y becas, en un contexto donde el proyecto de presupuesto prevé destinar el 0,53% del PBI al sector, el nivel más bajo desde 2001.

En este marco, el conflicto se trasladó a las calles y dependencias oficiales con cientos de estudiantes que ingresaron este miércoles a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación para exigir respuestas al secretario Carlos Torrendell.

Aunque se inició como una permanencia pacífica, la manifestación terminó con el desalojo de los estudiantes por parte de la Policía Federal. Asimismo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitió un comunicado en sus redes sociales señalando que “por la fuerza, nada”, y confirmó que presentarán una denuncia judicial por “toma violenta y daños al patrimonio público”.

Reclamos salariales y presupuestarios

Por el lado gremial, las federaciones universitarias denuncian el incumplimiento de la paritaria firmada en junio, que establecía una recomposición salarial del 24,3% y fondos para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

Según Cagnacci, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza, mientras que los ingresos promedio en la UBA se encuentran por debajo de los $500.000, y las becas Progresar se mantienen congeladas en $35.000. Los sindicatos rechazan el argumento oficial de la falta de recursos y afirman que el presupuesto es una cuestión de “prioridades de gestión”. En esta línea el secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, mencionó: “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrarla”.

Ante la falta de acuerdos y el freno legal a la normativa, la comunidad universitaria ratificó la convocatoria a una nueva movilización federal el próximo 15 de octubre, profundizando un esquema de protestas que mantiene paralizado el diálogo institucional.