Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia extendió la intimación
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 intimó nuevamente al Estado nacional para que, en un plazo de cinco días, cumpla de forma efectiva con la medida cautelar que ordena actualizar los salarios del personal universitario y recomponer los programas de becas estudiantiles previstos por la Ley N° 27.795.
La resolución del juez Diego Cormick se dio al rechazar una apelación del Poder Ejecutivo, tras concluir que las medidas informadas por el Gobierno fueron parciales y no demuestran la aplicación de los parámetros de recomposición exigidos por la legislación vigente.
La causa colectiva, impulsada originalmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuestiona la aplicación presupuestaria tras la promulgación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Aunque el Ejecutivo ratificó ante los tribunales haber acatado la medida y presentó documentación para solicitar que se dejen sin efecto eventuales multas, el magistrado desestimó los descargos al comprobar que las órdenes de pago y las convocatorias a paritarias no reflejan una actualización real de los haberes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el cual acumuló una inflación del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
El segundo punto de incumplimiento remarcado en el fallo judicial técnico alcanza a los programas de asistencia social para estudiantes. En este sentido, el tribunal advirtió que el Estado limitó sus informes exclusivamente a la Beca Manuel Belgrano bajo el argumento de que las prestaciones restantes no encuadraban en la normativa.
Los tribunales rechazaron esa interpretación administrativa y recordaron la obligación legal de recomponer y ampliar de forma progresiva los presupuestos de las becas Progresar, de Enfermería y demás asignaciones de estímulo de acuerdo con la variación inflacionaria registrada desde el traspaso de mando presidencial.
