El Gobierno se aleja de la propuesta migratoria de EE.UU.

En horas de la tarde de ayer, el diario The New York Times dio a conocer que “Estados Unidos y Argentina se encontrarían en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que le permitiría a la administración de Donald Trump deportar a territorio argentino a inmigrantes de otras nacionalidades”. Sin embargo, el Gobierno argentino aseguró que la propuesta fue descartada y que no se firmará.

En la Casa Rosada confirman que mantuvieron conversaciones con los Estados Unidos para recibir deportados, pero sostienen que la evaluación política y operativa fue negativa. Según explican fuentes oficiales, el sistema planteado por Washington incluía financiamiento estadounidense para la construcción de cárceles en la Argentina, como parte de la operatoria para alojar de forma transitoria a los deportados. “El acuerdo existió como conversación concreta, pero se decidió no avanzar”, remarcan en Nación.

Asimismo, mencionan que uno de los principales argumentos para frenar la iniciativa fue su “inviabilidad práctica y política”. En el oficialismo advierten que no hay consenso interno sobre dónde podrían instalarse centros de detención ni cómo integrarlos al sistema penitenciario local. “No somos El Salvador”, señalan en Casa Rosada en referencia al modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador.

También, en la mesa chica del jefe de Estado reconocen que la medida “abriría un conflicto político y social fuerte”. Por otro lado, funcionarios admiten que la estrategia oficial fue ganar tiempo y dilatar definiciones. “Siempre intentamos dilatarlo”, reconocen cerca del presidente.

En el Gobierno también se enfocaron en los obstáculos legales que hubiera implicado el entendimiento. En este contexto, señalan que un acuerdo de “tercer país” para deportaciones habría requerido adecuaciones normativas en materia migratoria, penitenciaria y de derechos humanos. “No era solo una decisión administrativa, abría flancos judiciales inmediatos”, agregan.

Otro punto que pesó en la decisión fue el impacto federal de la operatoria: en el Ejecutivo admiten que ninguna provincia declaró estar dispuesta a alojar centros de detención ni a absorber costos políticos y de seguridad. Además, remarcan que el sistema penitenciario ya opera con niveles de sobrepoblación y tensiones presupuestarias, lo que sostienen que hacía “inviable” sumar una infraestructura paralela, aun con financiamiento externo.

En la Casa Rosada aseguran que la decisión de no avanzar busca preservar la agenda bilateral sin asumir “compromisos irreversibles”. De igual manera, Nación pretende sostener el vínculo estratégico con Washington en comercio, inversiones y cooperación.

Además, aseguran que el diálogo continuará en otros frentes, como el principio de acuerdo comercial y las negociaciones para avanzar hacia un programa de exención de visas, los cuales se anunciaron en 2025. Para esto, Javier Milei viajará  el 10 de febrero a la residencia de Trump en Mar-a-Lago para asistir a un evento republicano.