Discapacidad - Se debe poner en vigencia la Ley de Emergencia
Un fallo ratificado
Un juez federal de Campana ratificó lo que resolvió en diciembre y obliga al Gobierno a cumplir con lo aprobado en el Congreso
En medio de la Feria Judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó su fallo de fines de diciembre en el que ordenó al Gobierno el pleno cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El magistrado solicitó informes sobre el avance de los trámites para su puesta en marcha y recordó que el 4 de febrero debe estar en plena vigencia.
A principios de diciembre, Charvay invalidó el decreto con el que el presidente Javier Milei ponía en vigencia la norma, pero sin otorgarle fondos para su ejecución. Días después advirtió que impondría multas al el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, si no iniciaban la puesta en marcha de la norma.
Ayer ratificó su decisión, dio cinco días hábiles para la presentación de informes que acrediten el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada y señaló que la norma deberá estar en plena ejecución el 4 de febrero, sin importar la apelación que presente la Casa Rosada.
La segunda resolución del juez de Campana coincidió con la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó el Presupuesto 2026, pero sin el artículo en el que el Poder Ejecutivo intentó borrar de un plumazo la Ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
Vale recordar que, a fines de diciembre, el Senado dio sanción definitiva al Presupuesto que mantuvo las leyes vigentes.
La Casa Rosada argumentaba que los incrementos del gasto público previstos en estas dos leyes representan una “amenaza para el déficit cero”. Sin embargo, las estimaciones de partidas necesarias durante el 2026 para financiar las dos leyes arroja que no suponen volúmenes de recursos de una magnitud imposible de afrontar.
El gasto sería equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI e incluye la compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos.
