La discapacidad no se negocia

Las organizaciones civiles y las familias que conviven con la discapacidad se concentraron ayer frente al Congreso de la Nación en repudio a la decisión del presidente Javier Milei de seguir aplicando la motosierra sobre las prestaciones que recibe ese colectivo y los honorarios de los profesionales que la atienden cada día.

La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentaron por la fuerza evitar el corte frente al Congreso, pero se retiraron de la plaza ante el airado repudio de los manifestantes. Desde la calle se pidió a los legisladores el rechazo al veto presidencial a la ley que había logrado un amplio consenso en ambas cámaras para dar amparo al sector, ante la desprotección que implican las políticas oficiales en la materia.

“Cada día sin ley es una terapia menos”, se leía en una de las pancartas que se mostraban a los ojos de los uniformados que formaban el cordón que impedía el paso hacia la sede del Legislativo.

Los reclamos son los mismos desde diciembre pasado: el valor de las prestaciones en salud, educación y rehabilitación, que ya lleva congelado ocho meses. Por ejemplo, una maestra integradora está cobrando 300 mil pesos mensuales por 4 horas de trabajo diario.

La ley que había sancionado el Congreso, con amplísimo consenso en ambas cámaras, revertía en parte esa situación, con aumentos de emergencia y actualizaciones de haberes de acuerdo a la inflación.

Con un costo fiscal del 0,03 por ciento del PBI para este año, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la ley de Emergencia proponía un bono compensatorio para los profesionales en discapacidad de 100 mil pesos en mano.

También aseguraba el valor de la hora de servicio, que se establece a través de un “nomenclador” que fija el Estado.