MALVINAS
Ocupación y saqueo
Avanza un millonario proyecto petrolero británico-israelí sobre la cuenca León Marino, al norte de la isla Soledad, estimado en casi 400 millones dólares, a pesar de operar con una licencia ilegal, no conforme al derecho internacional.
La postura argentina, dividida entre el Gobierno de Javier Milei y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quedó nuevamente expuesta ante la inacción frente al avance del proyecto multimillonario que prepara el terreno para extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo a 220 kilómetros de la costa argentina.
La explotación privada de los recursos de las aguas circundantes al archipiélago del Atlántico Sur, a través de licencias otorgadas por el Reino Unido, contradicen algo básico de las resoluciones de organismos internacionales consideradas un “triunfo diplomático” de Argentina frente a la potencia ocupante: no se puede explotar económicamente un territorio en disputa por la soberanía.
Sin embargo, el proyecto petrolero del consorcio integrado por las firmas RockHopper (35% de participación) y Navitas (65%), de capitales británicos e israelíes respectivamente, avanza a paso firme. Incluso a pesar del silencio oficial del Gobierno nacional y las quejas en off de algunos funcionarios patagónicos por la falta de estrategia frente a la continua explotación ilegal de los recursos de Malvinas: “Para esta cancillería Malvinas no existe”, sostiene el Ejecutivo fueguino.
En una audiencia pública realizada el 31 de julio en Puerto Argentino, la petrolera británico-israelí Navitas presentó las proyecciones del proyecto Sea Lion, que prevé extraer el crudo de la cuenca León Marino y volcar hasta 4.000 millones de dólares en impuestos y regalías a las arcas de la administración kelper durante la vida útil del yacimiento.
