El Consejo de Derechos Humanos señaló acoso y represión a la protesta social

La ONU denuncia presiones de Milei

La denuncia parte del caso de la jueza Karina Andrade, quien reportó amenazas tras liberar a 112 personas detenidas luego de una protesta el 12 de marzo, aunque hay más quejas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le solicitó al presidente Javier Milei que aclare una serie de medidas que podrían representar un “ataque a la independencia judicial” y un deterioro de la democracia. A través de un comunicado oficial firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos, denunció graves casos de represión a la protesta social, hostigamiento a jueces y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales.

“Deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”, afirma el texto oficial, publicado el 11 de julio

La denuncia internacional se originó a partir del caso de la jueza Karina Andrade, quien reportó amenazas y campañas de desprestigio en pos de liberar a 114 personas detenidas en una protesta el 12 de marzo de 2025. De acuerdo a lo que explicó, las detenciones se realizaron “sin las garantías legales necesarias”, como la falta de notificación al tribunal y omisiones sobre el lugar, la hora y el motivo de las detenciones. Además, resaltó que “el derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido constitucional y convencionalmente”.

 

Contra la jueza

Debido a estos hechos, las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia anunciaron que pedirían la destitución de Andrade. Además, el vocero Manuel Adorni, escribió en redes sociales: “La Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.

A partir del análisis de Naciones Unidas, se identificó una campaña de desprestigio contra la jueza: “Este patrón de estigmatización abusiva y ataques ad hominem por parte del Ejecutivo [...] incluirán acoso y abuso del público”, con amenazas de muerte y violencia sexual contra la magistrada. La entidad agregó que estas represalias “parece ser un ataque directo a la independencia del Poder Judicial federal y de los jueces que integran el sistema”.

También denunciaron la situación del juez Roberto Gallardo, perseguido por limitar la participación de las fuerzas federales en operativos de seguridad.

Los expertos señalaron que estas acciones podrían constituir violaciones graves a tratados internacionales. Advirtieron que criminalizar las protestas, aplicar leyes antiterroristas contra manifestantes y perseguir a jueces genera un efecto de represión generalizada. “Los actos de violencia aislados no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos”, concluye el documento.

 

El Ejecutivo calla

A la espera de una respuesta, la Organización de Naciones Unidas le exige al gobierno de Javier Milei que dé a conocer sus planes para proteger los derechos civiles, garantizar la libertad de expresión y evitar represalias. Hasta ahora, el Ejecutivo no respondió y pidió prórroga para presentar su descargo. Al margen del tema judicial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre un grave deterioro de las libertades desde diciembre de 2023, con la asunción del presidente Javier Milei.