GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Jueces repudian los cambios hechos en la Policía Federal
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) aseguró ayer que los cambios que estableció recientemente el Gobierno de Javier Milei a la Policía Federal Argentina (PFA) ponen "en serios riesgos el Estado democrático de derecho". Los jueces del organismo criticaron con dureza las detenciones ilegales, el ciberpatrullaje y las requisas sin orden judicial que permite la nueva normativa. “Con la aparente finalidad de ‘modernizar’ la PFA, pone en serios riesgos el Estado democrático de derecho, al permitir la detención de personas sin orden judicial, al igual que la realización de requisas a personas o vehículos sin autorización judicial”, advirtió el Capítulo Argentina del Copaju. Los jueces argentinos de este ente, que fue creado por el difunto Papa Francisco en 2023 para que bregue por los derechos sociales, expresaron su "profunda preocupación" ante la sanción del Decreto 383/2025, el pasado martes.
En el texto se remarcó que “uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de la mencionada fuerza de realizar tareas de ciberpatrullaje sin requerir autorización judicial”. También se criticó que el Gobierno nacional decidiera modificaciones a través de un decreto, cuando “no se observa ninguna urgencia para modificar por esta vía, prescindiendo del Congreso de la Nación, una norma que regía desde 1958”. "Se advierte que el contenido de la norma en cuestión viola principios básicos de nuestra Constitución Nacional, que, por otro lado, son reconocidos universalmente y recetados en numerosos Tratados y Convenciones Internacionales que se encuentran expresamente incorporados a nuestra Carta Magna", concluye el documento del Capítulo Argentina del Copaju, presidido por el juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo.
La reforma da mayor libertad de acción a los efectivos. Podrán detener personas "sin orden de juez competente" en los casos en los que "existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad".
