Piden a la Justicia la protección del Banco Nacional de Datos Genéticos

Las Abuelas de Plaza de Mayo plantearon ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 351/2025, que deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), según expresaron en un comunicado.

Además, solicitaron una medida cautelar de no innovar con el objeto de preservar las muestras biológicas y genéticas del BNDG, y los instrumentos, equipamientos y tecnología utilizada para su salvaguarda y adecuado entrecruzamiento.

"El decreto, firmado el 22 de mayo por el presidente Milei, le quita autarquía y autonomía al BNDG, por lo que ahora no dispone ni administra recursos propios y lo retrotrae a su formato preexistente a 2009, lo que implica un entorpecimiento a la búsqueda de nuestros nietos y nietas –todos ellos víctimas de desaparición forzada–, que fueron apropiados durante la última dictadura cívico militar. En este sentido, pedimos la realización de una copia de las muestras y que quede a resguardo del Poder Judicial y medidas específicas para garantizar el sostenimiento de una dirección técnica del BNDG", manifestaron desde la institución.

Hoy el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2024, que a su vez es el mismo de 2023, y se encuentra acéfalo hace dos semanas, ya que desde el vencimiento de los cargos no se ha llamado a concurso para cubrir los roles de dirección, por consiguiente, todos los trámites judiciales y análisis genéticos están parados.

En este sentido, pidieron que se prorrogue el mandato de la actual directora técnica, Dra. Mariana Herrera Piñero, y que se intime al Gobierno a disponer las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del BNDG.

El decreto, que lo transformó en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, "obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor", afirmaron.

"Así, compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a los autores de graves violaciones a los derechos humanos.

Además, excede los límites de las facultades extraordinarias de la Ley Bases, no mejora el funcionamiento ni la atención del BNDG, ni fue consultado con las víctimas, principales interesadas en el tema y cuyas muestras se preservan allí", añadieron.

Finalmente, sentenciaron: "Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos".