Un llamado a resistir

La motosierra de Javier Milei arrasó áreas sensibles del Estado, hubo maniobras para entorpecer la búsqueda de los bebés robados y se obstaculizó el acceso a los archivos.

Tan solo cuatro días después de la marcha del 24 de marzo del año pasado, Luis Petri tomó la decisión de eliminar los equipos que relevaban y analizaban (ERyA) los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad. Fue el primer mojón en un año que estuvo caracterizado por el afán de la administración de Javier Milei por desmontar las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que hacen de Argentina un ejemplo en el mundo. Todos estos temas estarán presentes en el documento que el movimiento de Derechos Humanos leerá hoy en Plaza de Mayo al concluir la marcha por los 49 años del golpe de Estado.

Búsqueda de los nietos

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) se creó en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño. Su conformación fue ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó el Decreto 715 que creaba una Unidad Especial de Investigación (UEI) dentro de la Conadi y le otorgaba la facultad de acceder a los archivos que tenía el Poder Ejecutivo.

Defensa fue el primer ministerio en retacear información a Conadi. En mayo, fue el turno de Bullrich que, además, promocionó la decisión. En agosto, Milei firmó el Decreto 727 para eliminar la UEI de Conadi. El argumento fue que hacía una tarea que le correspondía al sistema de justicia.

Desde su creación, la UEI de Conadi abordó 6.938 casos: resolvió 2.468 y tan solo un 25% debió ser derivado para que lo tramitara el Poder Judicial. “Es claro que la Conadi tiene que seguir con esas tareas y no puede derivar 6.000 casos a la Justicia. En los últimos meses, la situación se fue agravando. Hay cada vez menos personas empleadas y se incrementó la inestabilidad. El Estado tiene una obligación clara y debe continuar con estas políticas hasta que aparezca el último nieto o la última persona desaparecida”, afirma Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo -que, a pesar del desmantelamiento general, en los últimos meses pudo celebrar que encontró a un nieto y a una nieta.

No es solo la Conadi la que está en riesgo. El Banco Nacional de Datos Genéticos funciona con el mismo presupuesto que en 2023. “No tiene una partida acorde a las necesidades”, reclama Villella.

Por la ola de despidos, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo quedó reducido a una mínima expresión. “Hacía un trabajo impresionante al descubrir las identidades de personas que han sido victimizadas, así como las de los nietos y las nietas. Lamentablemente, despidieron a la mayoría de sus trabajadores, y eso se nota. Lo mismo pasa con la Conadi o con el Centro Ulloa, que hace un trabajo trascendente porque acompaña a las personas cuando testimonian. En La Plata, por ejemplo, el Ulloa no está haciendo acompañamiento”, detalla la auxiliar fiscal Ana Oberlin.