El juicio político, en varias voces

Sectores de la oposición buscan avanzar con el juicio político a Javier Milei, luego que el presidente promocionara en sus redes la criptomoneda $LIBRA que, tras su recomendación, subió rápidamente y a las pocas horas se desplomó (pasó de 0,3 dólares a un pico de 4,978 dólares): en menos de 24 horas se bajó a 0,99 dólares, generando sospechas de que se trataba de un “rug pull”, una maniobra en la que los desarrolladores inflan artificialmente el valor de un activo para luego retirar abruptamente los fondos, dejando a los inversores con pérdidas significativas.

A raíz de esto, distintos referentes y sectores del arco político exigieron que el presidente brinde explicaciones y hasta anunciaron presentaciones de juicio político en el Congreso.

El primero en adelantar que presentará un pedido de juicio político fue el diputado Esteban Paulón (socialista de Encuentro Federal), quién, además, informó que ya se planteó “una convocatoria al jefe de Gabinete para que nos explique primero qué relación tiene el presidente con esta empresa”.

Por su parte, el senador y economista Martín Losteau (UCR), indicó que “ya hay un debate entre los diferentes bloques en el Congreso de la Nación sobre si debe haber una Comisión Investigadora o si corresponde el juicio político”.

A estos pedidos se sumó el de la bancada de Unión por la Patria, que a través de su cuenta oficial de X, detallaron: “Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente”.

Por otro lado, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI), consideró que Milei podría haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, “particularmente, en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (artículo 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”.

¿Qué es el juicio político?

El juicio político es el método de destitución que tiene la Argentina para las autoridades del país. Este mecanismo está previsto en la Constitución Nacional y establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros del Gabinete y los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso está a cargo del Congreso de la Nación y su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”, explica el artículo 60 de la Constitución.

Por otro lado, el artículo 53 de la Constitución establece que este juicio se puede originar “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”. Así, un funcionario o un particular puede exigir el pedido de juicio político que luego pasa a la Comisión encargada de este proceso de la Cámara de Diputados. Actualmente, dicha comisión tiene 31 miembros. Unión por la Patria ocupa 13 de estas bancas, La Libertad Avanza tiene 4 representantes -que llegan a 5 si se tiene en cuenta al monobloque de Oscar Zago (MID)-, el PRO cuenta con 5 bancas mientras que la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Democracia Para Siempre tienen 2 bancas cada uno. La Coalición Cívica e Innovación Federal ocupan un lugar cada uno.

Esta Comisión es la que define qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera válida la denuncia, dicha Comisión inicia un sumario y un proceso de investigación que puede incluir citación de testigos, solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas, etcétera.

Finalmente, la Comisión debe emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros, para definir si el juicio político es desestimado o comienza su proceso en la Cámara baja.